De manera completamente contrapuesta a la involucración social y económica que ofrecen en la comarca otras industrias como Cepsa, el caso de Acerinox es el que ofrece un mayor desequilibrio entre la alta rentabilidad que ofrece su actividad industrial en suelo campogibraltareño y la nula aportación que realiza al desarrollo social y económico de la zona.
El caso que pone más de relieve esta insolidaridad de la empresa acerera en la comarca es la utilización del suelo municipal de Los Barrios para llevar a cabo los vertidos de sus residuos industriales inertes, los cuales se han estado produciendo durante la última década mediante el pago de una tasa inferior a la que debería haber repercutido al municipio barreño.
Esta práctica se concretó el 31 de diciembre de 1998, cuando el Ayuntamiento aprobó en Pleno la creación de la tasa por la prestación del servicio de retirada, transporte, tratamiento y destino final de residuos inertes, con un precio estipulado para garantizar la buena gestión del servicio en 7,71 euros por tonelada, IVA incluido.
El 25 de febrero de 2000, la Comisión de Gobierno le encomendó la gestión de este servicio a la empresa municipal Gestión Agropecuaria Medio Ambiental de Los Alcornocales (GAMA), por un periodo de 25 años.
El 9 de abril de 2000 (poco más de un mes desde la encomienda de gestión) se firmó un convenio entre GAMA, Carmin y Acerinox para la retirada, transporte y tratamiento de residuos inertes industriales.
En el convenio, Acerinox acordó pagar un precio 4,96 euros por tonelada sin IVA (5,31 euros por tonelada, IVA incluido) y se le encomendó a Carmín las labores del servicio cobrando por ello.
De este proceso se extrae la conclusión de que Gama le ha estado cobrando a Acerinox durante la última década 2,40 euros menos por tonelada de los que se debería cobrar según el acuerdo plenario (tan solo en mayo del 2007 se gestionaron 28.771,77 toneladas).
En el último mandato municipal, el grupo andalucista (entonces en la oposición) puso esta situación en conocimiento de la justicia, denuncia la rebaja del cobro de la tasa a la empresa acerera, rebaja que además no pasó por Pleno ni se aportaron informes técnicos que la justificaran.
Fruto de esta situación, y después de haber ganado las elecciones, el equipo de Gobierno andalucista ha instado a Acerinox a repercutir las cantidades que debería haber aportado en los últimos años a las arcas públicas barreñas por la utilización de su suelo.
Así, el alcalde, Jorge Romero, reclamó a Acerinox el pago de 975.000 euros, resultado del desfase existente entre el precio aplicado al servicio de retirada y tratamiento de residuos inertes gestionado hasta ahora por la empresa municipal GAMA y el fijado en la ordenanza municipal, en el periodo que va desde 2007 a 2011. Unos cinco millones de euros ya no podrán cobrarse por haber prescrito.
Esta reclamación ha derivado, finalmente, en un proceso judicial, que actualmente está abierto, y que la empresa siderúrgica ha recurrido, alegando que pagó todas las liquidaciones presentadas por el Ayuntamiento de forma correcta.
El resultado fue, además, la retirada de la encomienda de la tasa, optando Acerinox a “otras alternativas”, apelando al “libre mercado”, lo que apunta a la posibilidad de que esté gestionando el tratamiento de residuos inertes en el suelo municipal de Los Barrios directamente con Carmin, propietaria del vertedero, y sin que dicha actividad repercuta en las debilitadas arcas municipales.
Tasa
Esta situación de desagravio hacia el municipio en el que Acerinox desarrolla su actividad, obteniendo pingües beneficios y repercutiendo de forma nula los mismos hacia los ciudadanos de su término municipal, ha llevado al alcalde, el andalucista Jorge Romero a plantear el cobro de una tasa medioambiental a los vertederos que desarrollan su actividad en suelo barreño.
El equipo de Gobierno se encuentra actualmente elaborando la tasa para concretar la forma en la que poder ponerla en funcionamiento, siendo uno de los planteamientos el de poder cobrar por la utilización del subsuelo.
En concreto, tres vertederos operan en el término municipal, en la conocida como finca del Padrón. El primer de ellos, es el complejo medioambiental Sur de Europa, propiedad de Arcgisa, empresa de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y gestionado por Urbaser.
Los otros dos son el vertedero de residuos industriales inertes, gestionado por Carmin, y donde van a parar las cenizas y escorias de Acerinox; y Gamasur, donde se tratan los residuos tóxicos y peligrosos que genera las industrias adscritas a la AGI.
La insolidaridad y falta de compromiso social de Acerinox ha llevado al Ayuntamiento a plantear el cobro de esta tasa, que se haría extensible a los otros vertederos.
Subida de impuestos bloqueada
Otra medida que puso en marcha el equipo de Gobierno andalucista del Ayuntamiento de Los Barrios para equilibrar la falta de compensación económica de Acerinox por su presencia en el término municipal fue el intento de subir el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a la acería y al resto de empresas que facturan más de un millón de euros en el municipio.
Fruto de esta medida fue la aprobación de una subida ante la que la planta siderúrgica presentó alegaciones. En el Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 13 de diciembre, se votaron dichas alegaciones, encontrándose el equipo de Gobierno con la sorpresa del voto en contra de los tres grupos de la oposición en bloque. Esta circunstancia provocó que se le dejara de cobrar a Acerinox la cantidad de medio millón de euros.
Lejos de analizar esta situación desde el prisma de la nula participación social de la acería, este impago representa un importante desagravio para un municipio cuyas arcas municipales están muy debilitadas, y donde un ingreso de esta índole hubiera posibilitado el pago de, al menos, dos nóminas de la plantilla municipal.
Sanz apunta con dedo acusador
El presidente del comité de intercontratas de Acerinox, José María Reula, advirtió ayer hacia la presunta relación que puede existir entre el nuevo “fondo de reptiles” dado a conocer el pasado miércoles por el secretario autonómico del PP, Antonio Sanz, y la planta barreña de Acerinox.
En concreto, Reula hace referencia al caso desvelado por Sanz, en el que hablaba de un “tercer fondo de reptiles” dentro de la Junta, posterior al del programa 31L de la Consejería de Empleo y al de la empresa Invercaria, de ayudas sociolaborales a través de la Consejería de Innovación, con José Antonio Griñán como presidente de la Junta.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aportó la documentación de una ayuda sociolaboral otorgada en 2010 por la Consejería de Innovación, que asumió “compromisos de pagos similares” a los de los ERE adquiridos previamente por la Consejería de Empleo. Sanz señaló que el 14 de septiembre de 2010 se concedió una ayuda sociolaboral por valor de 450.000 euros a favor de la empresa Abantia Ticsa (auxiliar de Acerinox), después de que la Consejería de Empleo “ordenara” de su pago a Innovación a través de un “post it” incorporado al documento.
Ahora, el presidente del comité de intercontratas ahonda aún más en este caso, y aprecia la presunta relación con la factoría de Palmones, en concreto con el expediente de regulación de empleo que Abantia Ticsa presentó en el año 2009. “Presuntamente creo que sí hay vinculación con el ERTE de 2009. Se les forzó a un ERTE, con una convocatoria de huelga presentada.
Se aprobó por parte de la Junta sin tener en cuenta la presentación de la documentación del comité de empresa, que decíamos que no desde el principio, y la documentación no se tuvo en cuenta”, señala Reula.
El dirigente sindical recuerda que el comité ya se opuso entonces al ERE apoyándose en la bolsa de empleo y en los beneficios que había obtenido la empresa en el ejercicio 2009. Empresas José María Reula señaló que “siempre he estado diciendo que presuntamente puede haber más empresas implicadas, con los ERTES que se han dado en el Campo de Gibraltar. A los empresarios se les premiaba por mandar a la gente a un ERTE”.
Además, afirma que “la empresa principal, Acerinox, es la que provoca toda esta situación, obligando a las contratas a esta situación. La provoca porque dice que no tiene pedidos ni cartera, y plantea un ERTE para su personal, que conlleva que todas las contratas tengan que seguir la misma línea”.
Sobre los beneficios que se haya podido obtener en el fondo de reptiles, apunta que “para eso ya están los juzgados, para investigarlo. Pero que investiguen también al resto”.
Denuncia
Antonio Sanz mostró el pasado miércoles una carta, con fecha 14 de septiembre de 2010, enviada por parte del actual director general de Empleo, Daniel Rivera, al director de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Juan Francisco Sánchez.
En dicha misiva, el director general de Empleo le comunica que, en contestación a su carta enviada el pasado 1 de junio de 2010, es un “compromiso” acordado por los viceconsejeros de ambos departamentos, con fecha de enero de 2010, que la Agencia IDEA se haga cargo del pago del 75% de una ayuda sociolaboral de carácter excepcional a los 199 trabajadores de Abantia Ticsa S.A.U, en ejecución del acuerdo de encomienda de Orden de 27 de abril de 2010.
Seguidamente, Rivera, imputado en la investigación del caso de los ERE, le pide a Sánchez que para “no perjudicar” a los trabajadores y empresa, se proceda a dar cumplimiento a la resolución de orden de pago con fecha de 26 de mayo de 2010, y se abone la cantidad de 337.500 euros, con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
Así mismo, Sanz mostró también un folio blanco con membrete de la Consejería de Empleo y fecha 21 de enero de 2010 en el que aparece escrito a mano por parte del viceconsejero de este departamento en esos momentos, Agustín Barberá, “Juan: éste es el tema de Abantia que hemos hablado. El compromiso que Innovación pone son 450.000 euros”.
ERTE con beneficios
Los procesos de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que la planta de Acerinox de Los Barrios ha ido presentando desde que comenzara a aflorar la crisis económica han contrastado de forma notoria con sus beneficios económicos, una circunstancia que no ha sido óbice para que la Junta de Andalucía siguiera aprobando los procesos presentados por la acería.
Así, mientras la Dirección de la empresa alegaba dificultades económicas y un retroceso en su producción como motivos para presentar el ERTE, lo cierto es que la planta barreña mejoró incluso sus resultados económicos.
Según información de la propia de la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cifra de negocio de la planta de Los Barrios alcanzó los 2.560 millones (un 17,9% más que en 2010) en el periodo en el que mantuvo abierto el ERTE del pasado año, todo ello gracias al incremento experimentado en todos los sectores geográficos.
Las cifras finales apuntaron a que Acerinox S.A., sociedad matriz del grupo, que controla la acería de Los Barrios, presentó unos resultados de 3,7 millones de euros de pérdidas en el segundo trimestre del pasado año (periodo del ERTE), aunque ello no fue óbice para obtener una ganancia de 11,8 millones, tras obtener el primer trimestre 15,5 millones de ganancias.
Igualmente, el resultado de explotación se situó en los 183 millones de euros, lo que representó un incremento del 33,3 % con respecto al primer semestre del año anterior. Todos los resultados positivos de beneficios obtenidos por la planta de Palmones contrastan de forma notoria con la solicitud y aprobación de un segundo ERTE en la citada acería por las necesidades económicas alegadas en relación al descenso de los pedidos.
