Según aseguró ayer a este diario el presidente del comité de empresa, Francisco Díaz, el acuerdo será llevado mañana jueves a Madrid, según las previsiones iniciales.
Este preacuerdo será también ratificado, si no ocurre nada extraordinario, por las plantas de Sarriá y Barcelona.
En total, este expediente afectará a 350 trabajadores en todo el territorio nacional.
El esquema del preacuerdo se desarrollará en los días previos a la firma definitiva del mismo e incluye, para la planta de Algecias, alrededor de 67 prejubilaciones y 80 despidos, con indemnización o recolocación, a la espera de que se cierre la venta de la fábrica a la multinacional británica LPC, que retomaría la actividad industrial en la factoría.
El preacuerdo se desglosa en varios puntos fundamentales. El primero hace referencia a las prejubilaciones. Así, todos los mayores de 52 años deberán prejubilarse obligatoriamente. El resto de la plantilla será indemnizada o recolocada.
Las condiciones de las prejubilaciones oscilan entre el 100 y el 80 por ciento del salario neto, en función de los años que les resten para acceder a la jubilación definitiva.
Plataforma
Agaden y la Plataforma Ciudadana Rodeados por las Fábricas de Los Barrios destaca que, “desde nuestros colectivos queremos trasmitir todo nuestro respeto y solidaridad a los trabajadores de Torraspapel, como ya hicimos participando en la manifestación que se celebró en Algeciras, por el tremendo mal trago que están pasando a causa del cinismo y egoísmo de su empresa, creemos que la administración laboral debería cuestionar los ERE de las empresas con beneficios”.
La plataforma piensa “que por responsabilidad política y social, la Junta de Andalucía debería informarse adecuadamente de la política laboral y medioambiental de la firma británica LPC”, la cual, además de ser “una especialista en la compra de empresas a punto de cierre, caso de su fábrica en Duffel, Bélgica o en Roanne, Francia; también tienen experiencia en cierres y despidos, como es el caso de la fabrica de Redditch (cerrada en 2006, por las mismas razones que Torraspapel, obtenían menos beneficios, que no perdidas) donde despidieron a más de 60 trabajadores y recolocaron a unos 20 en la fabrica de Leicester”.
También en la fabrica de Leicester, emblema de LPC Group, “eliminaron y despidieron a los trabajadores del tercer turno de limpieza; por otro lado, también deberían revisar los informes de la agencia medioambiental de Reino Unido, donde es calificada como una de las peor gestionadas” del Reino Unido.
“Como hicimos el pasado año en la reunión que mantuvimos con los sindicatos para informarles sobre LPC Group, les volvemos a recomendar a UGT y CCOO, que pregunten a sus homólogos británicos sobre la prácticas laborales de LPC, no solo en cuanto a despidos y deslocalizaciones, sino también sobre seguridad y salud en el trabajo”, añaden.
También, la plataforma incide en que la Junta “es una experta” en “traer industria chapuza a nuestra Comarca. Tenemos el caso de Easmant Chemical, instalada en el Polígono Industrial de Guadarranque -San Roque- que posteriormente paso a llamarse Voridian y ahora se llama La Seda; y que ahora ha aprobado el Expediente de Regulación de Empleo de esta empresa”. Hace un poco más una década la Junta, “con el presidente Chaves a la cabeza, venía a poner la primera piedra de esta industria”.
La primera piedra “la puso sin haberse llevado a cabo ni tan siquiera el estudio de impacto ambiental de esta fábrica”. Los resultados “están a la vista, una fábrica puesta en marcha con dinero publico que ha ido de crisis en crisis reduciendo personal y que termina cerrando”. Así, “nos deja un legado contaminante y el drama de unas personas sin trabajo”.
En el caso de LPC Group, de nuevo “sucede lo mismo”, se emplea “dinero público - anticipo de préstamo (+ 3 millones de euros) concedido por el Ministerio de Industria a la empresa municipal barreña GAMA, SL -, que se utiliza en unas obras ilegales, para usarlo con fines electoralistas, y que ha acarreado la perdida de más de 4 hectáreas de hábitats de interés comunitario (bosques de oleas y ceratonias), y la tala-desmonte de más 60 hectáreas, sin los permisos pertinentes e incumpliendo con la declaración de impacto ambiental, los cual le costará a los contribuyentes de Los Barrios 100.000 euros por la sanción, que tiene resolución definitiva, además de los gastos que acarreará la restauración de las 4 hectáreas protegidas arrasadas por las obras”. Porque “eso no lo va a pagar LPC, lo único que atrae a la multinacional a son las subvenciones europeas y estatales y las facilidades de la administración”.