Los padres de La Salle con hijos estudiando en este centro con medidas cautelares, así como los de otros colegios, principalmente concertados, se concentrarán finalmente el próximo 5 de noviembre frente a la Delegación territorial de Educación que dirige Cristina Saucedo para pedir una solución al sinvivir en el que se encuentran desde hace meses. El motivo, el cambio de criterios por el que está optando la sala de lo contencioso administrativo de Sevilla y que se ha saldado con varias expulsiones en lo que va de curso.
El letrado Manuel Luis Fernández es especialista en este tipo de casos desde hace años y sitúa el origen de los problemas de estos padres en una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2012, a la se que aferra ahora la sala de lo contencioso de Sevilla. Este fallo ha marcado un punto de inflexión puesto que concluye en que ningún tribunal puede ampliar la ratio de una clase si entienden que se vulnera un derecho fundamental como es 27.3, que regula el derecho de los padres a elegir centro para sus hijos.
¿Qué ha ocurrido a partir de entonces? Pues como bien explica este abogado especialista, la sala de lo contencioso de Sevilla ha “reculado” y aunque no cierra la puerta, mantiene el criterio de que sólo ampliará la ratio “tras un análisis pormenorizado de cada caso”, lo cual no quiere decir que las sentencias vayan a ser desfavorables a partir de ahora.
En cualquier caso está en manos de la Junta, ya que es la que tiene la potestad de ejecutar las sentencias-contra la que cabe pocos recursos- y la que debe velar por los alumnos en tanto que puede esperar a que estos terminen el curso en su centro antes de ordenar el traslado inminente. “Nadie le está diciendo que no la cumpla sino que la ejecute de la forma más favorable para el niño, y eso es esperando al menos a que termine el curso. Lo puede hacer y de hecho lo ha hecho. Cambiando al alumno en medio del curso -continúa- le va a acarrear un problema a él, a su familia y al nuevo colegio”. La Junta también podría, como explica, ampliar la ratio en virtud de un decreto estatal que permita incrementarla hasta cinco niños por aula. “Si no la aumenta es porque no quiere”, concluye.
