Las detenciones tuvieron lugar el 24 de noviembre de 2007 en el marco de una operación en la que colaboraron el Grupo de Respuesta Especializada al Crimen Organizado (Greco) de la Costa del Sol y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Algeciras. El dispositivo policial actuó en el puerto de Algeciras, en el término municipal de Los Barrios -donde se detuvo a los tres primeros acusados, A.A., A.K., y M.M- y en Tarifa, donde se detuvo al último implicado, J.L.F.G.
Los agentes detectaron la autocaravana, de la marca Fíat, a su llegada al Puerto de Algeciras procedente del norte de Marruecos. El vehículo llegó acompañado de al menos otros dos automóviles: un Citroën C3 y un Mercedes, en donde viajaban varios de los acusados.
La Policía siguió a los sospechosos hasta una zona rústica en la zona del Manantial del Duque, donde quedaron estacionados los vehículos. Tras solicitar permiso a la propietaria de la parcela, los agentes policiales entraron en la zona. Al percatarse de esta circunstancia, los ahora acusados huyeron en tres direcciones diferentes, siendo interceptados por las fuerzas policiales.
El cuarto individuo, J.L.F.G., fue detenido en la carretera N-340, a la altura del término municipal de Tarifa. El propio acusado, que figuraba como propietario legal de la autocaravana, apuntó durante la vista que había vendido el vehículo a unos sujetos de los que no recordaba detalle alguno que pudiese identificarles, pero que aún “no se había hecho la transferencia”.
Derechos
El Ministerio Fiscal solicita para los acusados la pena de seis años de cárcel, así como una multa individual de ocho millones de euros, por un supuesto delito contra la salud pública. La defensa de uno de los acusados pidió la nulidad de la entrada y registro de la caravana, al entender que para ello se precisaba una orden judicial. El argumento utilizado por el abogado era que, pese a que se trataba de un vehículo, regían sobre él los mismos condicionantes que cuando se habla de un punto de venta domiciliar.
El juez denegó esta consideración bajo la premisa presentada por el Ministerio Fiscal de que era “innecesaria la orden” ya que en el atestado policial se refleja la “flagrante comisión del delito” y que la presencia de tal cantidad de droga en la caravana hacía dudar de la habitabilidad de la misma.