El Partido Popular (PP) informaba ayer que la pasada semana, concretamente en la jornada del  viernes, en la página oficial del Gobierno de Gibraltar (http://www.gibraltar.gov.uk) se publicaba un artículo en el que se abordaban las actuaciones que está llevando a cabo el PP en relación a varios asuntos que afectan a las relaciones entre España y Gibraltar como los rellenos, los restos del Fedra o la soberanía.  

En esta noticia se incluyen valoraciones que, dado el medio en el que se reproducen se entiende desde el PP que “cuentan con el respaldo del propio ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana”.  Una valoraciones que concluyen con una sentencia cuya traducción textual dice:  “Cualquiera podría pensar que el general Franco todavía vive…”. Para los populares “comparar la defensa de las legítimas aspiraciones para la recuperación de un territorio al que España nunca ha renunciado con una política dictatorial perteneciente a la historia reciente, pero pasada, de nuestro país, lleva implícito un mensaje despectivo hacia un miembro del Congreso de los Diputados elegido democráticamente”.

Ante esta situación, el diputado nacional del PP, José Ignacio Landaluce, ha pedido el amparo del Gobierno español para que haga llegar una protesta formal al Foreign Office por estas declaraciones, reclamando una recriminación por esta, a juicio del Partido, “salida de tono del Gobierno de Gibraltar”.

El PP, continúa Landaluce, ha venido “promoviendo la sensata defensa de los intereses legítimos de España, y en sus argumentos nunca ha recurrido a insultos ni comparaciones como la que difunde la página web del Gobierno de Gibraltar”.

El diputado nacional ha recordado que, a pesar de las reconocidas diferencias que separan a España y Gibraltar, el PP “siempre ha antepuesto las buenas relaciones y el futuro común que debe imperar entre dos comunidades que deben, por su bien, entenderse al compartir unos intereses creemos que comunes”. 

Ocupación ilegal
Por otra parte, el PP-A exigió ayer al Gobierno que denuncie en las instancias judiciales de la Unión Europea la “ocupación ilegal” por parte de Gibraltar de aguas territoriales españolas para la construcción de un gran complejo de ocio, lo que constituye un claro “atentado” al Tratado de Utrecht.

 El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, manifestó en rueda de prensa que “se está pagando muy caro la permisividad del Gobierno ante las burlas constantes de las autoridades de Gibraltar, la  debilidad diplomática de España,; la dejación de responsabilidades en defensa de la españolidad de la actual colonia británica, o la permisividad del Ejecutivo nacional a la hora de dejar que Gibraltar participara al mismo nivel en las reuniones del Foro Tripartito".