El Gobierno local anunció ayer su intención de convocar “de forma inmediata” al consejo de administración de Ememsa -la sociedad municipal que gestiona los Montes de Propio- con el objetivo de “ajustar” a lo dispuesto por la Audiencia Provincial “los poderes” concedidos en su día al consejero popular José Manuel Díez Pemartín, que en la práctica lo convertían en apoderado de la empresa.
El segundo revés judicial en este asunto no implica en modo alguno que el Ejecutivo desista de “dar continuidad” a la gestión de los Montes de Propio, que a su juicio viene siendo desarrollada “de forma satisfactoria y, particularmente en lo económico, con una reducción importante de las pérdidas”.
Bajo esta premisa, el consejo de administración de Ememsa va a reunirse para “someter a su consideración los términos de la sentencia”, incluyéndose en el orden del día para su aprobación una propuesta de acuerdo “para ajustar los poderes concedidos a lo que se establece en la sentencia”.
El Gobierno local insistió ayer en que “todas las actuaciones que se están llevando a cabo” en los Montes de Propio tienen como objetivo “conseguir la máxima rentabilidad”, cumpliendo para ello “con la premisa de aplicar la máxima austeridad en la toma de cualquier decisión”.
La reacción del PSOE
Mientras tanto, el grupo municipal socialista expresó su “satisfacción” por la sentencia de la Audiencia Provincial que “declara nulo” el nombramiento del consejero delegado de esta sociedad. En concreto, la sentencia desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento tras la demanda promovida por el PSOE en la que se denunciaba la ilegalidad de este nombramiento, que ya el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz declaró nulo el 31 de julio de 2012.
El grupo socialista denunció fraude de ley en el otorgamiento de poderes en el nombramiento de Díez Pemartín, argumentando que el PP había modificado en solitario los estatutos de la empresa para suprimir la figura del gerente y crear la del apoderado retribuido, a pesar de no contar con el quórum necesario en el consejo de administración.
Para ello, el PSOE estima que el PP recurrió a un fraude de ley utilizando la figura de poder cuyo uso se contempla únicamente en circunstancias muy determinadas. De este modo, dotó de amplio poder a un consejero del PP, con facultades para llevar a cabo actividades mercantiles de todo tipo, administración de los recursos y bienes de la empresa o gestión del personal.
