La exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), ha negado la comisión de los delitos que le imputa la Fiscalía en relación a la concesión de una ayuda a una empresa para que comprara suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).
A través de un comunicado de prensa, Sánchez asegura que es “absolutamente falso” que entre el Ayuntamiento de Jerez y la empresa Tecnología Innovación Sanitaria (Tinsa) se produjeran “flujos económicos de ningún tipo”, advirtiendo de que quien sostenga lo contrario “falsea la realidad de forma deliberada”.
La exalcaldesa insiste en que lo que hizo el Ayuntamiento, “al igual que con otras empresas” ubicadas en el parque, fue “anunciar la voluntad de minorar en el porcentaje aprobado por los organismos competentes el precio de adquisición de los terrenos en venta”.
Por tanto, “no se pagó cantidad alguna” ni a esa ni a ninguna otra empresa, a quienes “simplemente se ofreció la posibilidad de adquirir terrenos, y con ello propiciar una inversión multimillonaria, al precio acordado por las instituciones competentes”.
De este modo, resulta “descabellado” sostener la existencia de un delito de malversación de fondos públicos, toda vez que del Ayuntamiento de Jerez “no salió ni un solo euro” para esta empresa, no existiendo por tanto “quebranto económico”.
Igualmente es “absolutamente falso” que Pilar Sánchez actuara “a su libre albedrío y sin hacerle caso al gerente de Emusujesa, Sebastián Rubiales, y con la intención de beneficiar a Tinsa”.
A este respecto, la exalcaldesa aclara que lo que hizo el funcionario fue advertir de que “si se sustituía aval por convenio, debería hacerse para todos los adquirientes” de suelo, lo que “efectivamente se hizo” porque ya entonces muchas empresas encontraban problemas para presentar avales bancarios.
Sánchez lamenta que se haya omitido “de forma intencionada” el hecho “crucial” de que Tinsa “desistió de su voluntad de instalarse en el PTA y, por tanto, de adquirir los terrenos, lo que supone que quedaba sin efecto la decisión municipal de reducir el precio de adquisición”.
La citada empresa presentó “diferentes escritos” ante el Ayuntamiento solicitando la resolución de la compraventa, a pesar de lo cual, y “más de dos años después” de esa solicitud, el Gobierno actual “no ha accedido”, una actitud que “mal se compadece con el perjuicio que se dice causado a las arcas municipales”.
Sánchez lamenta “profundamente” haber conocido “informaciones relevantes de procedimientos judiciales a través de los medios de comunicación y no a través de los cauces judiciales habituales, como sería lo lógico, lo legal y lo deseable”.
Así, la exalcaldesa entiende que la Justicia, “más que alimentar el respeto a la presunción de inocencia”, lo que hace es “alimentar su linchamiento público”, dejando así de ser justicia “para convertirse en inquisición”.
Por este motivo es su propósito “recurrir a cuantos cauces legales” pudieran ampararle para expresar su “disconformidad” con esta manera de proceder, trasladando el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a los efectos, “incluso penales, que procedan”.
El fiscal ha pedido siete años de prisión y 16 de inhabilitación para Pilar Sánchez por este asunto, petición de condena idéntica a la de la Abogacía del Estado, y que viene a sumarse a la solicitud de tres años de cárcel y multa de 8,6 millones de euros que la Fiscalía ha pedido también recientemente en otro caso en el que se le acusaba de desviar subvenciones del Plan E para pagar gastos municipales.
En su escrito, de unas 40 páginas, el ministerio público ahonda en la idea de que Pilar Sánchez presionó para que se le concediera una ayuda de 244.000 euros a Tecnología e Innovación Sanitaria (Tinsa), dedicada al suministro de material médico, para ayudarla a comprar unos terrenos en el PTA, donde la firma se iba a instalar.
