El diputado nacional del Partido Popular José, Ignacio Landaluce, ha asegurado que la localización de más de 55 millones de euros correspondientes a activos del financiero Bernard Madoff en Gibraltar “vuelve a hacer surgir las más que justificadas sospechas de la utilización de la colonia británica como paraíso fiscal para ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas”.

En este sentido, prosigue el diputado, han sabido que el Gobierno de España ha recurrido la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que anuló el veto impuesto por Bruselas a la reforma del impuesto de sociedades de Gibraltar presentada por  Reino Unido”.  El PP, desde que se conociera la sentencia , “hizo público su posicionamiento, exigiendo al Gobierno que se recurriera esta decisión judicial en tiempo y forma por entender que la decisión podría acarrear agravios comparativos con los países de la UE y con el propio Reino Unido en materia fiscal”.

Landaluce ha hecho hincapié en lo que a “tiempo y forma” se refiere. La sentencia del tribunal europeo se dio a conocer el 18 de diciembre de 2008, y según las mismas informaciones, existe un plazo legal de dos meses para recurrirla.  Es decir, que “el plazo legal habría terminado ese mismo día de febrero. Al día de hoy, de ser ciertas estas noticias, habría pasado un mes desde que se cumpliera el plazo para la presentación del recurso”.

Noticias a medias
Una vez más, asegura Landaluce “las noticias que llegan del Gobierno lo hacen a medias. Si bien desde el PP nos congratulamos de la decisión del Gobierno, no podemos por menos que denunciar públicamente la poca información que ha dado a conocer el ejecutivo sobre este asunto”. En primer lugar, el Gobierno no ha dicho “cuándo ha presentado el recurso y en segundo, no se han dado a conocer los términos en los que se ha hecho”.  

La situación fiscal de Gibraltar “está siendo tratada muy de pasada”, algo que preocupa al PP, asegura Landaluce, “cuando el tema de los paraísos fiscales está siendo objeto de análisis y toma de decisiones a los más altos niveles para evitar prácticas ilícitas”.

“Lo que no vamos a permitir”, concluye Landaluce, “es que Gibraltar siga haciendo y deshaciendo a su antojo sacando partido de unas condiciones fiscales que dejan en desventaja a muchas empresas españolas con prácticas de dudosa legalidad”.