La problemática surgida meses atrás con motivo de las ocupaciones ilegales producidas en las viviendas del colegio Gloria Fuertes de Guadiaro, ya ha finalizado, tras el desalojo voluntario de las familias que ocupaban dichas viviendas a principios de mes, a raíz de una orden decretada por el juzgado, obligándoles a abandonar las casas en un plazo establecido, que cumplieron para evitar ser objeto del desalojo forzoso por parte de los agentes policiales.
Hasta el momento, los ‘okupas’ no han solicitado al Ayuntamiento ninguna vivienda de protección oficial.

El Ayuntamiento, por su parte, ha tomado ciertas medidas para que no vuelvan a producirse en el edificio nuevas ocupaciones ilegales. Así, tiraron los tabiques de las viviendas y dejaron los escombros para que el lugar resulte imposible de ser nuevamente habitado.

Según explicó el concejal de Educación, Ramón Ramírez Torti, “el equipo  municipal de Gobierno decidirá más adelante el destino que se les dará a las viviendas del colegio, si se venden, se alquilan o se dedican a alguna dependencia  municipal”.

Actualmente, se encuentran viviendo en el edificio tres maestros, aunque no son propietarios reales de las casas.

Hay que recordar que las ocupaciones de estas viviendas creó una gran alarma social y el malestar de la comunidad educativa del colegio Gloria Fuertes, Cerro Redondo, cuyos responsables reclamaron durante meses el desalojo inmediato de las viviendas, al entender que el recinto educativo “no era seguro”. Pero al retrasarse el desalojo de las familias, solicitaron medidas de seguridad en el centro, consiguiendo finalmente la instalación de una valla permanente y la vigilancia policial durante varios días. Finalmente, el conflicto está resuelto