Desde que estalló la burbuja inmobiliaria, las promociones de viviendas listas para entregar a sus propietarios o en la recta final de las obras se han convertido en toda una oportunidad para que los cacos hagan negocio. ¿Cómo? Irrumpiendo en ellas y llevándose el aluminio, el cableado y todo lo que les permita obtener ganancias en el mercado negro. Si a ello se suma los que utilizan estos inmuebles embargados por los bancos como foco de trapicheo de drogas o directamente se instalan en ellos, el resultado es el enfado monumental de los vecinos de la zona.


Ocurrió hace ya varios años en Picadueña y otras promociones de la zona sur y ahora ha vuelto a suceder  en un residencial junto a Ronda Muleros. Iniciativa Progresista Jerezana (IPJ) ya se hizo eco en su momento de otros casos de residenciales desvalijados, y ahora ha vuelto a alertar de la situación que padecen los residentes de las casas de al lado de la promoción afectada.  Según apunta el partido de Antonio Conde, los vecinos denuncian la incertidumbre y la inseguridad en la que viven a diario,  después de que los delincuentes hayan vuelto a la zona haciendo un hueco partiendo la pared que da acceso al garaje para robar todo lo que puedan. Unas circunstancias que ha provocado un “efecto llamada”. “Ya no solo saquean, sino que se ha convertido en lugar de consumo de drogas y  residencia de pedigüeños realizándose en su interior fogatas descontroladas con el consiguiente peligro que esto conlleva para los vecinos”.


En su momento, estos inmuebles fueron tapiados, pero han vuelto a ser objeto de estos actos vandálicos. Y es que, si bien en estos momentos las promociones como esta están en manos de los bancos, al no haberse resuelto el trámite de la propiedad, que le corresponde a los juzgados, las entidades bancarias no pueden actuar hasta tener las llaves. Desde IPJ califican de “lamentable” lo que está ocurriendo, sobre todo teniendo en cuenta la “precariedad” en la que viven muchas familias que están perdiendo sus casas por no poder pagar las hipotecas. De nuevo, proponen que estas promociones abandonadas sean habilitadas como viviendas sociales en régimen de alquiler, con una renta baja que puedan pagar estas familias tarias hasta que acabe la crisis. Para ello, instan al Gobierno municipal del PP a realizar un estudio que concrete las casas vacías que hay en Jerez de este tipo y firme un convenio con las entidades bancarias para darles salida.