La expropiación de Rumasa, con 400 empresas, 18 bancos y 60.000 empleados, fue el detonante de una larga travesía judicial. El recién elegido gobierno del PSOE, con su ministro de Economía, el también fallecido Miguel Boyer al frente, justificó la decisión en que la compañía tenía un agujero patrimonial de 660 millones (111.000 millones de las antiguas pesetas), deudas con las administraciones por otros 120 millones y pérdidas de 54 millones de euros en lugar de 30 millones de beneficio. Este es un resumen de lo ocurrido:
- 23 febrero 1983. El ministro de Economía, Miguel Boyer, expropia Rumasa por motivos de utilidad pública, al considerarla en quiebra técnica.
- 4 marzo 1983. Ruiz-Mateos huye a Londres.
- 6 julio 1983. El juez de Delitos Monetarios Luis Lerga dicta un auto de procesamiento contra el empresario, por los delitos de apropiación indebida, falsedad, delitos fiscales y estafa.
- 25 abril 1984. El empresario es detenido en el aeropuerto de Fráncfort. (Alemania), e ingresa en una prisión de esta ciudad
- 27 julio 1984. Sale en libertad provisional tras pagar 550 millones de pesetas.
- 30 noviembre 1985. Es extraditado a España.
- 9 enero 1986. La Audiencia Nacional le concede el arresto domiciliario. Meses después se niega a pagar la fianza y vuelve a prisión.
- 1 agosto 1986. Abona la fianza y deja la prisión.
- 27 octubre 1988. Durante una comparecencia en la Audiencia, insulta a la fiscal y, aprovechando un descuido de la policía, huye disfrazado.
- 13 noviembre 1988. Es detenido en Lepe (Huelva).
- 3 mayo 1989. Ruiz-Mateos agrede a Miguel Boyer a la salida de un juzgado de Madrid. "¡Que te pego, leche!", le gritó el empresario.
- 15 junio 1989. Ruiz-Mateos es elegido eurodiputado, por lo que el "caso Rumasa" pasa al Tribunal Supremo.
- 1 octubre 1991. El Tribunal Supremo rechaza la reversión de las empresas expropiadas.
- 23 junio 1993. El Tribunal de Estrasburgo dice que en la expropiación se violó el derecho de Ruiz-Mateos a ser oído, pero niega cualquier indemnización
- 12 junio 97-24 marzo 99. La Audiencia Nacional le absuelve en 1997 y el Tribunal Supremo lo confirma en 1999.
