Desde el Partido Popular de Jerez y atendiendo a las informaciones que están apareciendo en algunos medios de comunicación referentes al proceso judicial de Urbanos Amarillos, se desea precisar la información para público conocimiento del proceso por los jerezanos: 


Sin éxito en la vía penal, los propietarios de Urbanos Amarillos solicitaron concurso voluntario para responsabilizar del mismo al Ayuntamiento de Jerez. Pretenden agotar todas las vías para obtener un beneficio que consideramos injusto.

No parece que se analice, eximiéndoles de responsabilidad, la administración de la empresa desde 2011 a 2012 que llevó al secuestro de la empresa. Entendemos que fue durante esa etapa, cuando la empresa estaba en manos de los dueños, cuando se pudo causar más daño a la empresa y que derivó en la imposibilidad de prestar el servicio.

El secuestro ya se ha estimado por los tribunales de justicia que fue ajustado a derecho. Por ello, no se discute esta medida.

No entendemos la inclusión,en este informe del fiscal, de María José García Pelayo, que, como alcaldesa, respecto a la gestión del servicio ninguna decisión pudo tomar.

Nos sorprende la posible calificación de "culpable" de un concurso provocado por los anteriores administradores de la empresa, que empezó precisamente a reconducirse con la intervención municipal de la misma.

Por poner un ejemplo de gestión acorde con la viabilidad de la empresa se refinanció un préstamo con una entidad financiera. En el proceso penal los anteriores propietarios lo alegaron como perjudicial para la empresa e inconveniente. Sin embargo, olvidaron entonces que ellos lo habían aceptado expresamente. No sólo se demostró entonces que no había intención de perjudicar sino que también se demostrará, llegado del caso, en su momento..

Del mismo modo, ya se demostró, porque así aparece en los estatutos de la empresa, que el objeto social no sólo era el servicio de transporte. Ellos en el procedimiento penal decían lo primero para culpar de su disolución.

 La presión en la fase de liquidación conveniada no sólo era la amenaza de las querellas, sino también la de abrir la vía del concurso culpable.

Ahora, antes de la calificación del juez de lo mercantil, se harán las alegaciones al informe del fiscal, que esperamos que sean aceptadas.