Acompañados por los secretarios comarcales de CCOO y UGT, Inmaculada Ortega y José Manuel Rodríguez Saucedo, respectivamente; y por el secretario provincial de UGT, Pedro Custodio; los ex trabajadores reclamaron una solución a un conflicto que se prolonga ya durante casi tres años.
Los trabajadores recuerdan que “nos prometieron que con el cierre de la empresa nos darían el 75% de las indemnizaciones y, al año, el resto. Sin embargo, nos han ido dando largas y sólo hemos recibido 11.000 euros”.
El colectivo de 52 ex empleados mantiene que “hay una deuda media de 80.000 euros con cada uno de nosotros. Los que no se han jubilado o están enfermos reciben sólo 400 euros. Éste es un grupo de personas mayores, que no estamos preparados para reciclarnos y trabajar”.
Los ex trabajadores volverán a reunirse el próximo jueves en asamblea para valorar nuevas medidas de presión “y endurecer las protestas si no nos escuchan”.
Mientras, Rodríguez Saucedo afirmó que “tenemos un sentimiento de impotencia porque estos son los casos que te van minando poco a poco. Hoy en día los ex trabajadores se encuentran en la más absoluta desesperación, al tener que soportar cargas familiares. Exigimos el mismo grado de compromiso que en otros casos a la Administración. Si no, se endurecerán las protestas, y si tiene que haber palos, los habrá”.
Por su parte, Custodio incidió en que “hay que buscar una solución a este colectivo y hay que buscarla ya, sobre todo porque ellos no son el origen del problema”.
A este respecto, Ortega apuntó que “es lamentable la situación en la que están, peor que hace dos años. Todo el mundo se ha aprovechado del tiempo y del olvido”.
Reunión alcalde
Tras el encuentro, el alcalde, Tomás Herrera, se comprometió “a ir donde haga falta para que el problema del abono de las indemnizaciones se aclare de una vez por todas”.
Herrera afirmó que “estamos ante un asunto pendiente de resolución judicial y no queda otra que esperar. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para dar una respuesta rápida, al atravesar una solución difícil”.
Con todo, el alcalde apuntó que “este asunto no pasa por recalificar los terrenos de la fábrica. Estuvimos sentados con EPSA para valorar la posibilidad de construir viviendas sociales pero aquello fue inviable al no alcanzarse un acuerdo económico con la empresa en cuanto al desarrollo de esas viviendas. No va a haber recalificación de ningún tipo”.