Lo que saltó a la luz en 2008 como una crónica más de las páginas de sucesos, es hoy una red de cientos de miles de casos en toda España que entraña un problema de implicaciones políticas que hunde sus raíces en el franquismo. A la conocida como trama de bebés robados  se le atribuye el robo de bebés a sus familias arguyendo muerte prematura de los niños. Eran entregados luego en adopción a otras familias previo pago, y operó en todo el país entre la década de los 40 y la de los 90 del siglo pasado en hospitales públicos, privados y religiosos. La Ley de Memoria Histórica permitió sacar a la luz e investigar el primer caso, que dio lugar a la imputación de la religiosa sor María Gómez Valbuena.

Desde entonces son numerosas las denuncias que llegan a las administraciones públicas de familiares que sospechan que sus hijos no muerieron sino que fueron robados. Hoy hay en torno a unos 300.000 casos conocidos, según estiman las plataformas de afectados. En la provincia de Cádiz se estima que hay unos 500 casos conocidos, según señala la Asociación SOS Bebés Robados Cádiz, que ampara a los afectados en la provincia.

El problema se ha revelado ya como una organización que actuaba de forma sistemática en todo el Estado y de foma sostenida durante décadas. Sin embargo, las familias han llegado a un punto muerto: las trabas administrativas para la apertura de fosas y nichos y la obtención de pruebas para poder iniciar procedimientos judiciales está haciendo que los presuntos delitos prescriban y queden en el olvido. “Solo se están admitiendo a trámite los casos posteriores a 1982” se lamenta Charo Herrera, presidenta de SOS Bebés Robados Cádiz.

Por eso ahora los afectados en la provincia están tocando las puertas de esas instituciones que tienen la llave para el desbloqueo administrativo de la situación.
Esta semana, IU Jerez ha anunciado que llevará a Pleno municipal las trabas que están encontrando los afectados. En nota de prensa, la agrupación local de IU explica que las  trabas “van desde la negativa que reciben las víctimas a acceder a la documentación existente en diferentes registros hasta la decisión de las audiencias provinciales de aprobar la prescripción de los casos una vez pasados 15 años desde que los bebés sustraídos cumplieran la mayoría de edad”.
La iniciativa llegará próximamente también al Ayuntamiento de Medina y en el de Bornos ya se presentó hace unos meses.

Ocurrió también en el Parlamento andaluz,  donde los afectados encontraron “un resquicio de luz” para seguir adelante con la lucha por la verdad sobre los casos de bebés robados.
Todo con el objetivo de arrojar luz en una problemática compleja que, desde SOS Bebés Robados Cádiz definen como “mayor al de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina”.
Ante las dificultades, creen que “no existe voluntad real de investigar”, por lo que les queda “la vía de la voluntad política”.