La ATMJ está reivindicando ante el Gobierno local la aplicación de un complemento personal transitorio (CPT) que en la práctica permitiría a algunos de sus miembros garantizarse el cobro de unos salarios anuales de hasta 75.000 euros con independencia de las responsabilidades futuras que puedan desempeñar en el organigrama municipal.
De este modo pretenden recuperar el salario que en determinados casos perdieron como consecuencia de la entrada en vigor de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), consolidando de este modo los sueldos anteriores. El Gobierno anterior planteó la aplicación de ese CPT para garantizar un salario mínimo en aquellos casos en los que la RPT había implicado una significativa reducción salarial. Tanto es así que ese complemento llegó a considerarse como “gasto social”.
Sin embargo, la ATMJ viene defendiendo que ese CPT se haga extensible al resto de la plantilla, incluyendo a aquellos trabajadores que perciben altos sueldos. La reivindicación ha salido a la palestra coincidiendo precisamente con el proceso de funcionarización promovido desde el Gobierno local. De hecho, el propio Ejecutivo socialista lamentó días atrás a través de un comunicado remitido a la plantilla que determinadas organizaciones reclamasen ahora ese CPT, un asunto “que parece ser tema de sumo interés para algunos dirigentes”.
El propio Gobierno local advertía de que ese complemento podía suponer que “un grupo de técnicos” se asegurasen “cobrar sueldos de 50.000 a 70.000 euros hasta que se jubilen” y “aunque no tengan puestos de responsabilidad” o trabajen “mucho o poco”. “Es triste que saquen esta petición en una rueda de prensa contra la funcionarización de los laborales”, dijo el Ejecutivo socialista hace poco más de una semana.
A pesar de ello, el Gobierno local parece dispuesto a aplicar ese CPT a los técnicos municipales en función de sus posibilidades presupuestarias. La medida no afectaría a todos los técnicos, sino aproximadamente a medio centenar de ellos, de los que apenas media docena vería sus salarios incrementados en alrededor de dos mil euros mensuales. La subida en el resto de los casos sería bastante más moderada y asumible para las arcas municipales.
La ATMJ es una de las organizaciones más reacias al proceso de funcionarización anunciado por el Gobierno local, junto a CGT, SIP y CSIF.