El grupo La Seda se encuentra inmerso en un potente conflicto interno que ha concluido con la destitución del ex presidente de la junta de accionistas, Rafael Español. Es más, esta misma junta de accionistas ha resuelto emprender acciones legales contra el propio Español, así como contra el ex director general Aurelio González Isla y el abogado Jacinto Soler Padró. A los tres se les achacan presuntas irregularidades en la gestión de la compañía.
La Seda tiene previsto poner en marcha una ampliación de capital de 150 millones de euros además de vender varios activos para afrontar una deuda cifrada en 868 millones. Asimismo, la compañía prevé la reducción gradual de su actual capacidad de producción de PET hasta un máximo de 550.000 toneladas anuales.
El gigante químico se desprenderá de cinco plantas considerados “activos no estratégicos”. Se trata de las factorías de Simpe (Italia), Portalegre (Portugal), IQA (Tarragona), Volos (Grecia) y TurkPET (Turquía). Además, se venderán terrenos no adscritos a la actividad industrial y se intentarán recortar 300 empleos (240 de ellos con el cierre de su planta inglesa de Wilton). Y es que, el nuevo presidente de la compañía, José Luis Morlanes, ya ha avisado que “si podemos establecer un razonable nivel de unidad entre accionistas, bancos, proveedores y trabajadores, La Seda puede sobrevivir”.
San Roque
A los problemas internos del grupo químico se unen también en la planta comarcal las tensiones entre sindicatos y comité de empresa que han bloqueado la firma de un nuevo convenio colectivo.
Mientras las secciones sindicales de CC OO y UGT abogan por la firma de un convenio pactado con la compañía, el comité de empresa se resiste a la firma del mismo y se resguarda en la autoridad que le confiere su posición de poder. Este enquistamiento ha provocado no pocas tensiones y duros cruces de declaraciones entre ambas partes en los últimos tiempos.
La secretaria provincial de Fiteqa- CC OO, Sandra Cantero, aludía a que “la negociación permanece donde estaba, no se ha avanzado en nada. Nosotros consideramos que la salida para la mayoría de los trabajadores sería que la empresa firmara un convenio de eficacia limitada con CC OO y UGT. Esta propuesta ya fue avalada por los trabajadores y con ella se solucionaría parte del conflicto de la planta”. Cabe recordar que la dirección provincial de Comisiones se desmarcó de sus representantes en el comité de empresa.
Cantero remarca al respecto que “siguen siendo representantes de los trabajadores”.