El PP está dispuesto a recurrir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad del contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Jerez para la contratación del servicio de representación y asesoría jurídica, después de que, dos semanas después, siga sin recibir respuesta del Gobierno local al recurso de nulidad presentado en el Registro Municipal.
El citado servicio fue adjudicado en junta de gobierno local el pasado 1 de marzo, e incluso se instó a formalizar la firma del contrato con los dos gabinetes adjudicatarios; sin embargo, fuentes del PP sostienen que el procedimiento se ha ralentizado a raíz de la presentación de su recurso, que puede asimismo “no ser el único”, aunque fuentes municipales aseguran no haber recibido, en este caso, notificación judicial al respecto.
En el recurso presentado por los populares se reseñan hasta siete causas de supuesta nulidad del contrato, aunque la más argumentada de todas tiene que ver con la presunta carencia e insuficiencia de crédito para afrontar la adjudicación. En este sentido, exponen que en el expediente de contratación se alude a un gasto de 134.945,25 euros, iva incluido, “pero en el caso de costas favorables al Ayuntamiento, deberán ser abonadas independientemente del precio de adjudicación del servicio”. Es decir, “el expediente de contratación carece de crédito suficiente para afrontar todas las obligaciones de pago que constan en el mismo, lo que hace incurrir al mismo en nulidad plena”, exponen en su recurso, donde añaden asimismo que “cualquiera de los importes que se abonen a un adjudicatario, deben tener un crédito aprobado para ello, y en el presente caso no se da”.
La segunda causa de nulidad a la que se alude toma como base el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en el que se especifica que “no podrán ser contratados servicios personales cuando atendieren necesidades permanentes, en cuyo caso deberá crearse la oportuna plaza de funcionario y proveerla reglamentariamente”.
Del mismo modo, el PP también alude a “otros vicios de la contratación”, entre los que cita la vulneración del Principio de Transparencia y el del Principio de Publicidad, ya que “el anuncio de la licitación en el BOP no hace referencia al precio de las costas como parte del precio del contrato, ni a la posible prórroga del contrato”.
Tampoco ven justificada la necesidad de la contratación, “ya que en el Ayuntamiento existen 9 personas con perfil de letrado y otras 40 técnicos juristas” que, entienden, podrían desempeñar las funciones para las que se quiere contratar a empresas externas.
A tenor de estos argumentos, el PP había solicitado la adopción de medidas provisionales, entre ellas la suspensión del procedimiento de contratación o, en su caso, la suspensión de la ejecución de los contratos hasta que no se resuelva su recurso.
Por una duración de dos años
El Gobierno local adjudicó el pasado 1 de marzo la contratación de la defensa jurídica y asesoría laboral del Ayuntamiento a Sanguino y Asociados Abogados, por importe de 70.000 euros (sin IVA); y otro, por importe de 10.200 euros, a Martínez Abogados y Economistas. Ambos, con una duración de dos años. Sobre la necesidad de contratar estos servicios, la portavoz municipal Laura Álvarez incidió en su día “en que este Gobierno carece de funcionarios licenciados en Derecho que puedan representar al Ayuntamiento en los numerosos procesos que tenemos”.
