Según informaron desde el colectivo ecologista “tanto el Ayuntamiento como la empresa municipal GAMA, S.L. sabían que las obras para el complejo de LPC Group no contaban con la oportuna licencia y que en dichos terrenos no se podía construir. Esto, es otra muestra más de las ilegalidades e irregularidades del equipo de Gobierno en relación a este proyecto”.
Al respecto, la plataforma afirmó que “aún cuando podríamos iniciar acciones judiciales hoy mismo contra la alcaldesa, Ángeles Ariza, decidimos, con el ánimo de no judicializar más este tema, esperar hasta mediados del próximo mes de septiembre. Si se nos continúa negando este derecho, iniciaremos la correspondientes acciones judiciales y administrativas”.
Además, el colectivo denunció que “Ariza continúa con la política de transparencia cero, vulnerando los derechos de los ciudadanos y boicoteando su participación en asuntos de interés publico, olvidando que la ley también está para los cargos públicos y que la democracia no está solo para los discursos”.
“Esperamos que al menos la alcaldesa tenga el valor de reconocer públicamente las ilegalidades de algunos de los proyectos del Consistorio y explique por qué se sigue negando información a este colectivo”, dijo la plataforma.
Por otro lado, los ecologistas continúan solicitando “una moratoria sobre la industria pesada para el campo de Gibraltar hasta que se realice un estudio serio e independiente sobre las causas de tan alta mortalidad en la comarca”, lamentando que la alcaldesa y su equipo de Gobierno “no se hayan pronunciado acerca del informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) que relaciona el alto índice de cáncer en Los Barrios con la presencia industrial”.
