El juicio por el caso ‘Huertos de Ocio’ que juzga la sección octava de la Audiencia Provincial encara su recta final en su última semana. A dos sesiones para que quede visto para sentencia, el Ministerio Fiscal -que pide cinco años de cárcel para el ex alcalde Pedro Pacheco y el ex gerente de Urbanismo, Luis Cruz, comenzará hoy con las conclusiones, como también lo hará la acusación particular, que solicita 15 años de prisión para los cuatro procesados, y algunos letrados de las defensas, en una causa que desde hace quince días sienta en el banquillo además de a Pacheco y a Cruz, a los dos técnicos municipales Fernando Núñez y Óscar Real.
Ya este jueves la vista se reanudará con la exposición del resto de informes, previsiblemente los de los abogados de Pacheco y Cruz, y se dará opción a los procesados a que ejerzan su derecho a la última palabra, del que el ex regidor de Jerez durante más de dos décadas ha hecho uso hasta ahora en la totalidad de las causas por las que se ha sentado en el banquillo. Este lunes, en el séptimo día del juicio, una prueba pericial conjunta a un perito aportado por la defensa del ex gerente de la GMU, que ejerce Jesús Salido, y al que el juzgado encargó la valoración de los terrenos de San José Obrero conocidos como Huertos de Ocio del que se desalojaron a los parcelistas, acaparó la mayor parte de la sesión.
Una jornada por momentos farragosa y excesivamente técnica en la que las defensas de Cruz y Pacheco pusieron contra las cuerdas al perito judicial y que llegó a provocar incluso las risas de los acusados por los extremos de las argumentaciones a la hora de valorar los terrenos en cuestión, con la consiguiente llamada de atención del presidente del tribunal, que los amenazó con echarlos de la sala. “Los acusados se están divirtiendo mucho. Como vea otra risa los echo”, llegó a decir. También tuvo que mandar a callar al perito de la defensa por preguntar en exceso a su compañero durante la prueba.
No en vano el trasfondo de la sesión era de gran importancia, como resaltaban las defensas, a la hora de demostrar si la valoración realizada por el perito judicial de estas parcelas se ajustaba o no a la realidad del mercado en aquel entonces, el año 2003, las mismos que posteriormente fueron permutadas por el edificio Palomino & Vergara, en el entorno de la calle Medina. En este sentido, las defensas cuestionaron el papel del trabajo realizado por el perito judicial, que cifró en 1,6 millones de euros las parcelas, cuando desde el juzgado se le encargó esta valoración en 2008, sin acudir nunca a los terrenos.
“Datos medios y oficiales”
Para su tasación, según indicó, se ayudó de “los métodos que marcan la ley” (la ley del suelo de 1998), en su caso el “residual estático” y de los “valores medios que marca la ley”, tirando de “documentos oficiales” y “datos medios”, como el indicador de precio de suelos de la provincia de Cádiz, una afirmación que hizo que Manuel Hortas, el abogado de la defensa de Pacheco, volviera a sembrar dudas sobre su valoración, teniendo en cuenta las conocidas diferencias que caracterizan al suelo de ciudades costeras y de interior, como Jerez. Por momentos, la sesión adquirió tal cariz que el perito judicial insistió en que no tenía “intención de perjudicar a alguien, ni se “inventaba datos”, después de que los abogados tiraran de la experiencia del otro perito, reconocido por el Banco de España, para desmontar su tesis.
En este caso, este arquitecto y tasador desde el año 88, con 7.747 tasaciones a sus espaldas desde el 92, frente a las 40 realizadas por el perito judicial desde 2006 a 2008, vino a tirar por tierra la “teoría” del trabajo que le encargó el juzgado a este último: desde el método empleado, el residual estático y no el dinámico, el no consultar “la base de datos” en lo que respecta a tasaciones de esa época, o “mezclar churras con meninas” al equiparar unidades de aprovechamiento con metros cuadrados, lo que se tradujo en una estimación del metro cuadrado por encima de los 60 euros, frente a entre los 23 y 27 euros el metro cuadrado que indican las escrituras aportadas, y que ayer el perito de las defensas concretó en 24, 49 euros el metro cuadrado. Para Hortas, tal y como apuntó tras la vista, la valoración del perito judicial “parece más teórica que ajustada a la realidad”, pues entiende que parte de unos principios que “son contradictorios consigo mismo al rechazar realizar una valoración ajustada a los tiempos de compra en aquel momento”.
El gerente de Bouncopy
En la vista de ayer también declaró por videoconferencia el gerente de Bouncopy, Ezequiel Navío, que mantuvo contactos con el Ayuntamiento para instalarse en el edificio de Palomino & Vergara, una opción que desecharon, como dijo, por el “mal de la piedra” (aluminosis) que aseguró que padecía el edificio. Un dato que no quedó acreditado, como así dijo posteriormente otro perito que valoró el citado inmueble, que habló de “deficiencias” pero no de esta “enfermedad de la piedra”. Aunque acabó diciendo que “podía ser”, este empresario aseguró que no recordaba el convenio de cesión del citado edificio que llegó a firmar con el Ayuntamiento en abril de 2005 y la entrega de llave del local que en febrero de 2010 hizo una trabajadora suya, tal y como apuntó el letrado de Pedro Pacheco.
