Entre los problemas detectados se encuentran las parcelaciones en suelo no urbanizable, “edificaciones ilegales que ocupan zonas de valor ecológico, de forma que degradan los ecosistemas naturales y provocan caos urbanístico. Se concentran en El Albarracín y San Enrique, con una ocupación de aproximadamente 82,87 hectáreas. Además se ha detectado ocupación del dominio público hidráulico por actividades agrícolas que se desarrollan en los bordes de ríos y arroyos”.
Asimismo, algunos enclaves urbanos como Guadarranque, Sotogrande, Puente Mayorga y Campamento “no han respetado las servidumbres establecidas por la Ley, realizando una invasión de terrenos públicos”, señala el documento, y “varios particulares han usurpado vías pecuarias, lo que supone una apropiación de terrenos públicos y zonas de paso tradicionales del ganado”.
Para atajar estos problemas, el borrador del Plan Ambiental propone la creación de un procedimiento de ordenación, detección y paralización que persiga los crecimientos ilegales. Este proyecto, con cuatro años de ejecución, tiene un presupuesto de más de 100.000 euros, que serían costeados por el Ayuntamiento si bien se pueden pedir subvenciones a la Junta de Andalucía.
Así, el borrador incluye que “es necesario tomar medidas urgentes” a la espera de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana.
En primer lugar, el documento propone el estudio y localización de edificios ilegales. Para ello, se insta a aumentar el número de inspectores de la Gerencia Municipal de Urbanismo y realizar un inventario del sistema de saneamiento de estas construcciones y de la gestión que se realiza.
Actuaciones
Una vez localizadas las parcelas donde se ha edificado ilegalmente, se propone que se apliquen medidas correctoras, que van desde el derribo de las casas ilegales hasta la imposición de multas y la aplicación de medidas de corrección del impacto sobre el medio. Para urbanizaciones ilegales ya asentadas, como El Albarracín o San Enrique, se recomienda que se creen juntas de compensación para legalizar estas zonas.
El otro proyecto persigue la calidad ambiental de los desarrollos urbanísticos. En este caso, el coste es mínimo, porque se trata de integrar una serie de medidas propuestas en el futuro PGOU, en las ordenanzas municipales y en los pliegos de condiciones.
Así, se insta a establecer medidas para controlar los límites del crecimiento urbano y poblacional mediante instrumentos económicos y financieros que fomenten el uso sostenible del suelo, y conlleva también la planificación en el espacio y el tiempo de los crecimientos urbanos en función de las necesidades reales, así como aumentar la oferta de viviendas de protección oficial.
