Una vez que el pasado jueves quedara visto para sentencia el juicio a la rama Gürtel en Jerez por las adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Jerez, que desde el pasado mes de junio -con un parón en agosto- ha acogido la Audiencia Nacional, toca esperar una sentencia que puede tardar en llegar entre uno y tres meses, según estiman fuentes del caso. Se trata de una demora casi simbólica si se echa la vista atrás y se tiene en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que en 2015 se imputase a los cinco funcionarios municipales que se han sentado en el banquillo de los acusados: el exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC), el exsecretario del Ayuntamiento de Jerez), dos interventoras (del Ayuntamiento y del IPDC) y una técnico municipal.
Para todos ellos, la Fiscalía solicita entre dos y siete años de prisión y12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. Estas penas son casi idénticas a las que se pide para el el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa y a su número dos, Pablo Crespo, en el marco de una causa que empezó a tramitarse en septiembre de 2009 y tuvo dos periodos de paralización que suman casi cuatro años. Ha pasado justo una década, de ahí que una vez finalizado el juicio, las defensas de los funcionarios, que han ejercido Manuel Hortas, Juan Pedro Cosano, y Carlos Sancho, se reafirmen más que nunca en su tesis de la prescripción y en la falta de pruebas para haber sometido a este proceso a sus representados.
Hortas, que defiende a las dos interventoras, va más allá y tiene claro que vistas como la que acaba de concluir en la Audiencia Nacional evidencian un “fracaso en el sistema (judicial)”, pues entiende que “no debería permitir que en casos tan flagrantes la gente tuviera que pasar por esto”, apunta Hortas, para referirse al “calvario” y al “suplicio” que han vivido sus representadas “al tener que estar allí sentadas (por el juicio) escuchando afirmaciones que no son verdad, sino contrarias a lo que ha pasado”.
En su defecto, dicho sistema, añade, “debería ser mucho más escrupuloso” para evitar “atacar” a la dignidad de las personas. Lo peor de todo, tal y como lamenta el letrado, es que “no sólo se están jugando su libertad”, sino su futuro profesional. “Llevan cuatro años pendientes de si van a poder seguir trabajando y con la convicción de que aquello de lo que te están acusando no es verdad; es una angustia emocional difícil de explicar y que va a dejar una huella para el resto de su vida”, manifiesta.
Sabor “agridulce”
Pese a su “sabor agridulce” de la vista, que considera que ha demostrado la falta de pruebas con la que entiende que afrontaron el proceso, y que sus representadas cumplieron “escrupulosamente” las normas de contabilidad, las mismas que, como critican, desconocía la parte acusadora (por la orden ministerial para la contabilidad del Ayuntamiento), confía en que sean absueltas. Y no sólo porque mantenga que el caso está “prescrito” sino porque “no ha habido pruebas”, y las que se han expuesto en la vista “han demostrado que estas señoras no han hecho nada. Han emitido informes y han hecho todo lo que tenían que hacer, pero para cometer estos hechos con ellas no contaron”, señala el abogado de las dos interventoras para referirse a la relación de recelo que mantenía la entonces alcaldesa, María José García-Pelayo, con las dos funcionarias que defiende, y que ubicaba en el bando pachequista, tras la manifiesta división que había en el Ayuntamiento.
Personal “arrinconado”
Una línea que también comparte Cosano, que defiende al exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC) y al exsecretario del Ayuntamiento de Jerez), que entiende que ha quedado acreditado que es “verdaderamente extraño” que los funcionarios que estaban acusados participasen en los hechos,”pues esto se hace desde un determinado Gobierno municipal y lo lógico si iban a prevaricar es que que contaran con funcionarios municipales de su completa confianza, y no con personas que tenían arrinconadas, de las que desconfiaban y con restricciones en los salarios”.
Pese a todo, Cosano es optimista y confía en la libre absolución, pero eso no aminora la “indignación” que han sentido durante el proceso por la actuación de las acusaciones después de que la Fiscalía solicitara reabrir la causa contra María García Pelayo. “Las acusaciones han volcado mayores esfuerzos en acopiar pruebas sobre unas personas que no estaban inculpadas que sobre las que se sentaban en el banquillo”, resalta. Una afirmación que va en la tónica de lo que mantiene Hortas, que tiene claro que tras habérseles acusado “a ciegas”, se ha juzgado la responsabilidad de Pelayo “en las cabezas de estos señores” (por los cinco procesados).
