La situación de la factoría sanroqueña de Artenius continúa enquistada a pesar de las “amenazas” realizadas desde el Grupo La Seda a principios del pasado mes de septiembre con el objetivo de desbloquear la firma del nuevo convenio colectivo para la planta que certifique la anhelada paz social.

La empresa química anunció su intención de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo para el conjunto de la plantilla de la factoría ante la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en Cádiz. Sin embargo, este extremo no se ha llevado a efecto a pesar de que la intención de La Seda a comienzos del pasado mes era la de presentar este documento ante la administración “lo antes posible”. En ese momento la compañía alegaba que el comité de empresa “no tiene voluntad de negociar”.

Esta situación de grave crisis no es exclusiva de la fábrica de San Roque. Paralelamente, el Grupo La Seda se encuentra inmerso en un complicado proceso de saneamiento de sus cuentas. De hecho, hace escasos días, la compañía logró una tercera prórroga, en esta ocasión de un mes, para renegociar el pago de la deuda que mantiene con una serie de bancos acreedores y que asciende a 886 millones de euros. Una crítica situación interna que incluye la presentación de varias demandas contra el ex presidente, Rafael Español, y el ex director general, Aurelio González-Isla, por parte de los accionistas y de los actuales gestores del grupo químico.

Comité de empresa
La situación en la factoría del Campo de Gibraltar se mantiene semejante a la de semanas atrás, en lo que parece una calma chicha antes de que se desate la tormenta que dirimirá el destino definitivo de la planta sanroqueña.

En este sentido, el presidente del comité de empresa, Jorge Cañada, afirma que “ahora mismo no hay novedades. De momento siguen sin justificar los dineros de los que pedimos información”.

Como se recordará, el comité de empresa (o su mayoría a través de cinco miembros) conforma una de las tres partes que protagonizan este conflicto, junto con la propia compañía y con los sindicatos UGT y CC OO, contando estos últimos con el respaldo que el 65% de los empleados mostraron recientemente tras una recogida de firmas.

El presidente del comité de empresa recordó que “cuando se aprobó el último ERE se dijo que haría viable a la empresa pero ahora hablan de más despidos. Además no nos dan garantías para el mantenimiento del empleo, que es lo que solicitamos”. Asimismo, Cañada apunta que “la empresa lleva amenazando todo el año con el cierre de la planta. Estamos a la espera de que se pongan en contacto con nosotros”.

Una de las claves en la solución del conflicto continua siendo la resolución de las tensas relaciones existentes entre centrales sindicales y comité de empresa. En este sentido, Cañada aludía a que “los sindicatos están fuera de la defensa de los puestos de trabajo. Por eso no tenemos puntos en común”.

El momento de tensión máxima se alcanzó semanas atrás cuando unos desconocidos incendiaron el coche de un trabajador “afín a UGT”. Tras ello se produjo una concentración de protesta a la que no acudieron representantes del comité y que se tradujo en un nuevo cruce de reproches.

Por su parte, el secretario provincial de FIA-UGT, Gustavo Vargas, advirtió de la posibilidad de que “la empresa se dirija un día al Registro Mercantil y proceda a la disolución de la empresa mediante un cierre patronal”.