La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Jerez contra la resolución de la Delegación Territorial de Fomento que decretó la paralización de las obras del eje Esteve-Corredera, con lo que el futuro del proyecto pasa ahora por la vía judicial, después de que el delegado municipal de Urbanismo, José Antonio Díaz, haya anunciado que se interpondrá un nuevo recurso por la vía contencioso administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que resuelva definitivamente el conflicto.
Díaz insiste en que la resolución de la Junta demuestra que “opta por la confrontación política, por judicializar y por generar retrasos y perjuicios en una actuación que es vital para el desarrollo sostenible del centro de Jerez, porque este proyecto, reduce la contaminación acústica, facilita la movilidad, mejora la accesibilidad, y respeta las señas de identidad aprovechando un elemento como es el adoquín que vamos a reutilizar en otras zonas del centro histórico”.
Una situación que aboca definitivamente a una demanda judicial para “que sea un juez el que determine quién tiene las competencias en esta materia”, pese a que Díaz insiste en la lectura política que se eleva por encima de las disputas de interpretación: “Estamos ante un nuevo atropello de la Junta de Andalucía con respecto a las obras del eje Corredera-Esteve. Estamos convencidos de la solidez jurídica de nuestro argumento, y la Junta de Andalucía lo que pretende es usurpar la competencia que tiene delegada este Ayuntamiento. Vamos a defender nuestra autonomía local y un proyecto que cumple con todos los requisitos legales”.
Díaz reitera que “nos habría gustado que el diálogo diera sus frutos porque de hecho el Ayuntamiento se ha mostrado flexible, dispuesto a modificar parcialmente el proyecto, pero está claro que la Junta lo que quiere es usar el adoquín como arma arrojadiza. El debate no es el adoquín sí, o el adoquín no, el debate es si la Junta respeta la autonomía y las competencias municipales. Tenemos delegadas las competencias en la Comisión Local de Patrimonio, y este conflicto no tiene sentido alguno”.
Por su parte, desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico se entiende que “desde un principio se ha buscado la colaboración y el entendimiento con el Ayuntamiento de Jerez, con la mano tendida para llegar a buen puerto, tal y como se constató con la reunión que la propia consejera Patricia del Pozo tuvo con la alcaldesa de la ciudad, en la que también estuvieron presentes la delegada del Gobierno en la provincia, Ana Mestre, y la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Mercedes Colombo. Eso sí, en caso de que el propio Gobierno local considere que hay actuaciones en las que no está de acuerdo, será la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico quien deba aclararlas”.
No lo entiende así Díaz, que reitera que “ya está bien de castigo de la Junta a esta ciudad por intereses partidistas, generando un perjuicio a comerciantes, al Mercado, a los taxistas, a autobuses y a la ciudadanía en su conjunto. No han sido capaces de ponderar las consecuencias y los efectos de su resolución, habiendo tenido la posibilidad de suspender dicha paralización por el impacto económico y social que esto genera”.
En cualquier caso, la Junta también tiene clara su postura, y vuelve a reafirmarla en su resolución: “Es una intervención que excede las competencias delegadas a la administración local y que precisa autorización previa de esta Consejería”, ya que concluye que el pavimento de las calles del casco histórico de Jerez tiene la consideración de inmueble. “Por tanto, el Ayuntamiento de Jerez, antes de proceder a la ejecución de las obras de retirada de adoquines y asfaltado, debería haber recabado la preceptiva autorización, presentando el proyecto ante la Delegación Territorial con el fin de que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz se pronunciase”, según aparece recogido en la resolución.
La resolución de la Junta elude las comparaciones
Entre las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento contra el decreto de la Junta se aludía a que “se han ejecutado proyectos similares en calles de centros históricos declarados BIC, sin contar con la autorización de la Delegación Territorial en materia de patrimonio histórico, por lo que se está vulnerando los principios de buena fe y confianza legítima, además de la arbitrariedad y desviación de poder que ello implica”. Es más, en su momento se puso de ejemplo la retirada del adoquinado en Las Angustias sin oposición al respecto.
Sin embargo, la resolución de la Consejería de Cultura elude atender las comparaciones y sostiene que “solo cabe contestar” que el objeto del presente procedimiento es la resolución dictada por la Delegación Territorial por la que se acuerda la paralización de las obras, “sin que podamos entrar en cuestiones que atañen a otros procedimientos”, e incluso se escuda en el hecho de que al Ayuntamiento ya le constaban “múltiples advertencias de la Delegación comunicándole la necesariedad de pedir autorización ante dicha administración ante de proceder a la ejecución de las obras”, con lo que considera que “nada indica” que dicha ejecución “iba avalada por la confianza legítima de que actúa de conformidad con las potestades necesarias para ello, ni tampoco es admisible alegar que la paralización es fruto de una actuación arbitraria de la Delegación Territorial”.
