El comité de empresa del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana ha arremetido este viernes contra la "ingenuidad institucional" de los gestores del ente después de que no "ataran todos los cabos" como consecuencia de la salida de la Junta de Andalucía de la institución consorcial, y cuya consecuencia directa ha sido la paralización de determinadas inversiones previstas para la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la provincia.
En este sentido, desde el comité consideran cuando menos "llamativa" la "desilusión" mostrada por la gerencia del CAZG al evidenciar cómo la Junta desvíaba sus actuaciones del interés consorcial, "cuando se trata de una actitud que ya quedó evidenciada con el abandono de la entidad supramunicipal, renunciando a su cualidad de miembro consorcial". Desde entonces, exponen desde el citado comité, la Junta no ha hecho sino "dar coba" al Consorcio, "por lo que la decepción manifestada frente a la Junta se reviste de una ingenuidad institucional que data desde el mismo momento en que se produjo la asunción de competencias, donde no se ataron todos los flecos pendientes en un proceso de traspaso de un servicio tan importante para la provincia". Entre tales flecos apuntan al aprovechamiento hidroeléctrico, ya que no redunda en beneficio del usuario consorcial; unas oficinas en Montealto que se queda la Junta y que lleva al CAZG, primero a alquilar y después a adquirir un edificio "cuasi ruinoso" en calle Ancha; la pérdida del patrimonio que supone la propia finca donde se ubican los depósitos, que se la quedó la Junta; la no consideración de los recursos necesarios para adecuar una plantilla laboral que, "si ya fue traspasada con una precaria estructura, aun lo es mas hoy día".
Desde el Comité de Empresa del Consorcio, que representa a unos 120 trabajadores de los que depende el funcionamiento la estaciones de potabilización de agua, estaciones de bombeo y depósitos reguladores que hacen posible el abastecimiento de agua potable a los 19 municipios de la denominada zona gaditana, ya trasladaron en su momento su preocupación por la forma en que la Junta abandonó voluntariamente su calidad de administración consorciada, así como la actitud de la misma, "que supone de hecho un castigo a los usuarios de este servicio púbico esencial de primera necesidad".
Su decepción lo fue también para con la dirección consorcial, pues a los representantes de Junta y CAZG, Ana Mestre García, delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, y Víctor Mora Escobar, presidente del CAZG, les remitieron "hace ya mas de 8 meses sendas peticiones de reunión informativa sobre los efectos y repercusiones en el servicio y en la plantilla laboral por el abandono voluntario de la Junta de Andalucía. Tales reuniones nunca se llevaron a cabo lo que muestra la despreocupación que demuestran ambas administraciones por un servicio de calidad y por el futuro de los trabajadores de mismo".
