Es un hecho indiscutible, por mucho que pretenda ocultarse, que la suerte -una inmensa suerte- ha estado del lado de Cobre Las Cruces en el tremendo derrumbe que se ha producido en su Corta Minera, ya que de haberse producido el mismo en pleno horario de trabajo, las víctimas -trabajadores enterrados junto a sus equipos, y mineros aprisionados dentro de la rampa subterránea- habrían sido la auténtica noticia mediática, por número y por circunstancias trágicas.
El factor suerte no es algo que tenga cabida dentro del concepto de medidas protectoras en la prevención de riesgos laborales, sino que deben ser criterios estrictamente técnicos los que se apliquen, y más aún en un sector de riesgo elevado como es la minería, donde existe además una normativa específica, el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado mediante Decreto 863 en 1985, y desarrollado por un amplio conjunto de Instrucciones Técnicas Complementarias.
La obligación de las empresas es la de cumplir esa normativa, y la de la Administración Sustantiva, la Junta de Andalucía, hacerla observar estrictamente, algo ante lo que en este caso la segunda ha actuado con responsable presteza, asumiendo los riesgos de seguridad existentes y suspendiendo la actividad extractiva durante un período inicial de seis meses. La inestabilidad geotécnica de Corta Las Cruces es un hecho real y evidenciado, fuera de toda duda razonable, al extremo de que se ha producido un derrumbe global de forma absolutamente descontrolada sin que los controles existentes hayan producido avisos previos, ¿o sí?.
Esa inestabilidad no es algo que se resuelva a corto plazo, ni tampoco algo que deba estar subordinado a los intereses económicos de una empresa. Nadie puede garantizar, en este momento, que un deslizamiento parecido no pueda producirse en otro de los taludes de la corta. La tecnología existente permite el uso de elementos de control geotécnico que operan en tiempo real y transmiten la información de forma inmediata, de forma que puedan aplicarse medidas de seguridad, claramente protocolizadas, especialmente para salvaguardar la integridad física de las personas.
Es más que presumible que Mina Las Cruces cuenta con los más modernos elementos a ese respecto, por lo que la pregunta inmediata es: ¿acaso no se han producido esos movimientos y avisos previos, captables por los sistemas de control implementados en la Corta?.
La cuestión importante que debe aclarar la empresa es cómo han funcionado esos controles o si no han funcionado. Si han funcionado y proporcionado alertas precursoras, ¿qué acciones preventivas al hecho del derrumbe se acometieron? Y si no han funcionado, entonces no estaría garantizada la seguridad en la mina y habría que revisar, rediseñar o reinstalar todo el sistema antes de su reapertura, especialmente para preservar la integridad de las personas.
La afortunada ausencia de una tragedia real no debe impedir que seamos conscientes de que ésta ha sobrevolado sobre la mina de Cobre Las Cruces y que la empresa tiene una responsabilidad directa y efectiva sobre esto, razón sobrada para que deba esclarecer las circunstancias sobrevenidas. La forma de producirse el deslizamiento evidencia los cálculos incorrectos de los factores de estabilidad y seguridad de los taludes de la corta, y la existencia de elementos de discontinuidad no considerados en los modelos matemáticos definidos.
La preocupación añadida es la comprobación de cómo la empresa oculta ambiguamente la realidad del alcance de lo ocurrido, mostrando sólo las facetas positivas, como es la inmediata puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Mineral gracias a las reservas almacenadas, pero sin aludir de forma explícita, no dándole así importancia, a la orden de la Junta de Andalucía de paralizar durante seis meses las labores extractivas, como si todo transcurriera con aparente normalidad. Ante la clara ineficacia técnica demostrada, es ahora la Administración la que debe asumir su compromiso de garantizar la seguridad de los mineros.