En estos días se han sucedido en cascada las noticias sobre un posible cambio normativo del proceso de escolarización en Andalucía, para futuros cursos escolares. Apenas ha habido una mera mención de las supuestas medidas, pero sí se ha manifestado, parece que alto y claro, el objetivo de las mismas: “que los andaluces puedan llevar a sus hijos al colegio que quieran”.
No sabemos si veremos cambios reales y concretos, pero esto en sí ya es toda una novedad sin precedentes en nuestra historia constitucional reciente de cuarenta años de gobierno autonómico socialista. Es innegable que con el Gobierno PP-Ciudadanos al menos el discurso ha cambiado.
Rápidamente se han producido reacciones. Algunas, sorpresivamente, de extrañeza. Y no sé de qué, cuando la libertad de elección de centro ya iba explícitamente en el pacto de gobierno de las dos formaciones políticas.
Solo se me ocurre pensar que, viendo el precedente del PP en los gobiernos nacionales, que siempre hablaba de libertad de enseñanza en las campañas electorales, para olvidarla, amilanados, inmediatamente después, nada más alcanzar la Moncloa; se sorprendan de que esta vez estén dispuestos a cumplir y encima, estratégicamente, al principio de la legislatura.
Otras reacciones, negativas por más señas, han sido la de aquéllos que es oír hablar de libertad de enseñanza y automáticamente lo entienden como un atentado contra la pública. Son los defensores de la escuela pública única, sin alternativa posible a elegir, un monopolio (que sea público no le resta un ápice a la exclusividad). Para ellos toda libertad de enseñanza es un exceso. Esto no es novedoso porque libertad e intervencionismo son términos opuestos.
Siempre me ha parecido muy cuestionable esta defensa, porque lo que verdaderamente ponen de manifiesto es que entienden que si se deja a los padres elegir habrá más plazas públicas que se queden vacantes. Solo no quiere ni oír hablar de demanda el que no la tiene. Me parece una pobre defensa aquélla que se basa en que la mejor manera de proteger a la escuela pública es obligar a los padres a estar en ella.
En realidad, la libertad de enseñanza lo que permite es elegir un centro con un ideario singular, distinto. Pero ese término, ideario, no es exclusivamente referido a una cosmovisión, a unas convicciones morales o religiosas (con ser éste, ciertamente, su aspecto fundamental y básico a garantizar), sino también a diferentes propuestas organizativas, pedagógicas, …
Una apuesta real por la libertad de enseñanza debiera suponer mucho más margen de autonomía para los centros, menos control (o al menos no en todo), menos intervencionismo, la posibilidad de que los centros (también obviamente los públicos) pudieran ofrecer alternativas reales, devolver la educación a los profesionales y los docentes y sacarla de los despachos y los edificios ministeriales.
Eso supondría más opciones, y con ello más capacidad de elegir, más y mejor libertad de elección. Por otra parte, los cambios que se filtran igual no son tan significativos: ir a áreas de influencia circulares, que todos los colegios solicitados tengan la consideración de prioritarios, hacer más tramos de renta a puntuar, incluir en puntuación la escolarización en 2 años, reunificar hermanos incluso con aumento de ratio, mantener las listas de no admitidos hasta septiembre.
En realidad, siempre me ha parecido una opción más a favor de la libertad, y fíjese lo que le digo, seguro que para escándalo de algunos, de la igualdad (al menos de la igualdad de oportunidades al elegir) eliminar las áreas de influencia (está muy bien lo de actuar y transformar en el entorno, pero a veces impide salir de verdaderos guetos) y, sobre todo, dotar de mucha más puntuación a las rentas más bajas y a quienes tienen necesidades económicas y sociales más significativas.
La libertad de enseñanza debe suponer para ellos, precisamente quienes tienen a priori menos posibilidades de elegir, la opción de elegir preferentemente. Y dicho esto, ¿y si al final resultara que va a haber un cambio político de verdad en Andalucía?