Hungría es uno de los estados miembros de la Unión Europea, aunque Viktor Orban, al frente del gobierno, ha terminado por convertirse en un pariente incómodo, como el cuñado que se pone a hablar de política en plena cena de Nochebuena. Tiene una explicación muy sencilla: Hungría ha dejado de ser una “democracia plena”, e incluso el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado esta semana un informe no vinculante en el que se refiere al estado húngaro como una “autocracia electoral”; todo ello a las puertas de la aplicación de recortes en el reparto de los fondos de cohesión a los países que no respeten los “valores continentales”.
Lo cierto es que si no fuera por el cuñado Viktor, ahora mismo daban ganas de hacerse húngaro. Es el país de la UE donde más han subido los salarios en el interanual del segundo trimestre del año, un 14,9%, frente al 2,6% de nuestro país. De acuerdo, la inflación en Hungría alcanza el 15%, pero al menos las subidas salariales van casi parejas al incremento del coste de la vida, mientras que en España hay una diferencia de casi ocho puntos de desventaja. Y, vale, en Francia los sueldos solo han subido un 2,7%, una décima más que en nuestro caso, pero también allí la inflación no pasa del 6,5%.
Es irremediable. Vivimos inmersos en nuestro segundo máster en Economía avanzada. A diferencia del primero, en el que tuvieron que enseñarnos qué era la prima de riesgo, ahora todo resulta más práctico. Basta con mirar nuestra cuenta corriente y el precio de la lista de la compra para sacar conclusiones. Más que listas tenemos que hacer un escandallo para llegar a fin de mes.
Así que si los datos son ciertos, a los húngaros debe costarle menos trabajo, aunque tengan a un tipo tan sospechoso y antipático sentado al frente de su gobierno, hayan visto recortadas sus libertades y ni siquiera den ya tan buenos futbolistas como en los años cincuenta para presumir de prestigio internacional, cuando Puskas, Kubala y Kocsis, cabeza de oro, vinieron a triunfar al Madrid y al Barça.
Lo más triste para nosotros no es tener que compararnos con los salarios que se pagan en Hungría, sino saber que sí vivimos en una democracia plena y que nuestra clase política es incapaz de llegar a acuerdos para impulsar medidas que vayan en beneficio del conjunto de la ciudadanía en unos momentos en los que nos hemos convertido en malabaristas profesionales para, con los mismos ingresos que hace un año, poder hacer tres comidas diarias.
A lo mejor deberían escuchar a sus bases, a los políticos que mantienen contacto directo con la calle, con la gente, que van al mercado, a las barriadas, que perciben a diario la problemática de los vecinos y anotan hasta dónde llega la presión sobre sus gargantas. Puede que lleguen a otras conclusiones, o que conciban de una vez por todas la necesidad de normalizar la vida política. Esta semana me lo han comentado hasta dos líderes locales, cada uno de ellos al extremo del otro: “Ha llegado el momento de dejar a un lado las siglas y unirnos para sacar adelante iniciativas que vayan en beneficio de la ciudad”.
Es una evidencia, aunque hayan tardado en descubrir las palabras exactas para componerla, pero a estas alturas han perdido su capacidad para conmover, ya que no dejan de ser el reflejo de tanto tiempo perdido en favor del bien común y el de la desilusión forjada entre la propia ciudadanía. Pueden valer para un nuevo comienzo, y más viable aún a nivel local, pero perdonen si nadie se levanta a aplaudir o si lo hacen para disculpar su escepticismo, porque mientras en política se interprete cualquier gesto del adversario como una ofensa no avanzaremos en esa normalización.
Cádiz, por ejemplo, ha percibido como una ofensa
la propuesta de Jerez de albergar la Facultad de Educación si no prospera el proyecto de Valcárcel. Jerez no ha pedido quitárselo a Cádiz; solo ha levantado la mano para ofrecerse como plan B en vista de las dificultades financieras. La ofensa en todo caso es que después de tanto tiempo siga sin haber un compromiso firme para poder ejecutar las obras antes de que el edificio revierta de nuevo en manos de la Diputación. Por desgracia, no es el único caso.
