El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga tiene previsto juzgar este lunes a una fisioterapeuta que fue denunciada por un delito de intrusismo profesional por presuntamente ofrecer tratamiento a animales sin tener la formación ni la titulación legalmente requerida para ello.
Este procedimiento se inició a raíz de la querella presentada en 2018 por la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (CEVE Málaga) por un presunto delito de intrusismo, a la que se adhirió el Colegio de Veterinarios de Málaga, solicitando ambas la apertura de juicio oral.
El criterio de CEVE y el Colegio de Veterinarios, que actúan como acusaciones particulares, se basó en que en España únicamente los profesionales veterinarios están habilitados para prestar tales atenciones. Por contra, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa contra la fisioterapeuta.
Según consta en las conclusiones iniciales presentadas por los letrados Ignacio Francés y Francisco Redondo, de IFS Abogados, en representación de ambos colectivos, la procesada presuntamente ofrecía a domicilio servicios para tratamientos de fisioterapia y de osteopatía para animales.
Este escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que a raíz del informe realizado por un detective, se determina que presuntamente en ese caso prescribió tratamientos para un animal que no había recibido previamente diagnóstico veterinario para su dolencia, "realizándose tareas propias de la profesión veterinaria".
Asimismo, supuestamente facturó la atención realizada y, posteriormente, publicitó en sus redes sociales la intervención realizada. En su declaración en la instrucción señaló, según las acusaciones, que su titulación de fisioterapeuta animal no tenía posibilidad de homologación, pero decía que su actividad era legal.
Para estas asociaciones, la querellada vulnera la legislación vigente "obviando que su actividad se circunscribe a las personas y jamás puede atender a animales puesto que su atención se reserva a los profesionales veterinarios", negando las acusaciones que existe un vacío legal.
Así, la acusa de un delito de intrusismo profesional, solicitando que se le imponga la pena de 18 meses de prisión; mientras que el ministerio fiscal considera que se debía haber sobreseído la causa al no ver delito y no formula acusación.
