Los registros de Marbella forman parte de una operación europea contra el fraude fiscal

Los dos registros que ha realizado este martes la Guardia Civil en Marbella forman parte de una macrooperación a nivel europeo contra el fraude fiscal relacionado con la venta de productos electrónicos que supera los 2.200 millones de euros.

Coordinados desde la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO), los responsables de hacer cumplir la ley en cada uno de los países implicados han desarrollado una investigación conjunta y han practicado más de 200 registros de forma simultánea en España, Portugal, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos y Rumania, entre otros países, según fuentes de la EPPO.

En Marbella, un operativo de la Guardia Civil ha realizado un registro en la sede de un conocido despacho de abogados marbellí, Lawbird, ubicado en un céntrico edificio de oficinas y dedicado principalmente a dar servicio y asesoría legal a ciudadanos extranjeros y empresas con intereses en España.

Además de las gestiones necesarias para obtener la residencia en el país, dicho despacho de abogados, cuyos empleados han asegurado a EFE encontrarse en “shock”, ofrece servicios de carácter corporativo dirigidos a la constitución de sociedades y su registro mercantil en España.

Los agentes del instituto armando también han realizado una intervención este martes a primera hora de la mañana en una lujosa mansión en la zona más exclusiva de Nagüeles de la que sólo ha trascendido que sus ocupantes son extranjeros.

Este “complejo” esquema de fraude fiscal afecta a los 22 miembros de la Unión Europea y se extiende por terceros países como Reino Unido, Turquía, Polonia, Emiratos Árabes, China, Estados Unidos o las Islas Mauricio.

La primera pista llegó en abril de 2021, durante la investigación, por parte de las autoridades fiscales portuguesas en Coímbra, de una empresa que vendía teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos, como sospechosa de fraude del IVA, y en junio de ese mismo año Portugal informó a la EPPO sobre el caso.

A pesar de que su situación administrativa, la facturación y las declaraciones de impuestos a nivel nacional de esta empresa parecían estar en orden, los fiscales europeos y otros expertos de la EPPO y Europol siguieron investigando en lo que han bautizado como Operación Almirante.

La EPPO ha destacado, más allá de la magnitud de los daños, la “extraordinaria complejidad” de la cadena de empresas que participan de este fraude y que van desde aquellas que actúan como proveedores aparentemente legales de dispositivos electrónicos a las que blanquean los beneficios de esta actividad delictiva.

“Estas actividades no serían posibles sin la participación de varios grupos del crimen organizado altamente cualificados, cada uno de los cuales tiene roles específicos en el esquema general”, han precisado desde la Fiscalía Europea, que confirma que la investigación sigue en curso.