La Eco Reserva de Ojén está en peligro. Una inspección en 2020, “durante el confinamiento”, la Junta de Andalucía decretó el cierre temporal del santuario y se “prohibió la entrada de voluntarios y público”, por varios incumplimientos de la autorización ambiental unificada, “por faltas leves o inexistentes”, ha explicado Antoni Calvo, coordinador de la Reserva. Durante este tiempo los cuidadores siguieron alimentando a la fauna sin ingresos y con el “personal bajo mínimos”. Una nueva inspección, en septiembre del pasado año, determinó una “conducta continuada en el incumplimiento de las medidas cautelares, que ha derivado en su cierre definitivo” y el desalojo de la fauna rescatada. El recinto acoge a más de cien animales en libertad y rescatados, como ciervos, muflones, cabras monteses y jabalíes.

La orden de clausura iba acompañada de una multa de 65.200 euros para los cuidadores. “Nos hemos matado a nadie, no hemos cometido ningún crimen”, ha suplicado Calvo, indicando que su trabajo ha sido y sigue siendo “darle valor a un espacio que la Junta tenía olvidado”.

“Que sea más humana y no nos machaque”, ha pedido a la administración andaluza: “La Junta incumplía los requerimientos que nos exigen ahora; nosotros hemos empezado a hacer cortafuegos, cuando desde hace más de 15 años no han invertido nada, hacemos cuarentenas, capturaderos, casetas de veterinario, almacén de alimentos y ellos tenían a los animales abandonados con plagas”.

En 2015 la “valentía” de la agrupación ecologista Pinsapo y Monteaventura logró que la  Consejería de Medio Ambiente declarara una antigua reserva de caza de 82 hectáreas en una reserva ecológica y se integrase en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC). Desde ese año, está reconocido  como un espacio para la conservación de la naturaleza y la educación ambiental, pero “la Junta ha cambiado de gobierno y el nuevo ahora considera que la reserva debe cerrar y se deben desmontar todas las instalaciones”.

Medio centenar de personas se han concentrado frente a la Delegación en Málaga de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para que aparten “los motivos absurdos” que les han llevado a decretar el cierre. El coordinador ha culpado de Junta de “cerrar las vías de respiración para ahogarnos” al limitar la fuente de ingresos que tenían con las visitas a la reserva: “Nos han impuesto unas medidas de seguridad… no somos terroristas. Hay más peligro en una corrida de toros o en unas fiestas taurinas en un pueblo”.

Calvo pide “tiempo” y “diálogo”, porque es un proyecto que “no ha tenido ningún respaldo de las instituciones ni ningún tipo de financiación externa”. Cuenta que han sido los cuidados y los voluntarios los que se han hecho cargo de todo, porque lo que la “construcción de las instalaciones va lenta”. “Nos tienen que dar un plazo para ponernos al día”, ha reclamado, además de insistir en la reunión que llevan esperando desde hace “un año y tres meses” con José Antonio Víquez, delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente.