La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha salido este miércoles a la calle para reclamar a la Junta de Andalucía los importes que el Gobierno andaluz retuvo hace una década a unos 43.000 empleados públicos de la provincia de Málaga (unos 265.000 en las ocho provincias), como consecuencia de los recortes que las administraciones públicas españolas aplicaron a sus empleados por la crisis financiera e inmobiliaria y la falta de liquidez, unas cantidades que se materializaron en el equivalente a dos pagas extraordinarias en los ejercicios de 2013 y 2014.
Esta cuantía se fue detrayendo esos años por el entonces Gobierno andaluz, presidido por la socialista Susana Díaz, que en víspera de las elecciones autonómicas andaluzas, de diciembre de 2018, firmó un acuerdo con los sindicatos UGT, CC OO, STAJ y CSIF para proceder a su devolución de forma gradual, circunstancia que en los últimos cinco años no se ha efectuado por el Ejecutivo que le sucedió.
De este modo, CSIF se suma a la petición que ha hecho también en las últimas semanas el sindicato USO a los responsables de la Junta que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, para que los empleados públicos de Educación, Sanidad, Universidades, Justicia o administración general autonómica puedan recuperar parte del poder adquisitivo que perdieron hace una década, y que en otras comunidades de distinto color político ya lo han venido recuperando gradualmente.
En el ámbito del personal de Justicia, transferido al Gobierno regional, supone unos 19,5 millones de euros en Málaga (unos 3.000 euros de media por cada uno de los 6.500 funcionarios que estaban en la plantilla esos dos años).
PANCARTAS FRENTE A LA DELEGACIÓN ALAMEDA PRINCIPAL
Así, alrededor de un centenar de empleados y dirigentes sindicales de CSIF se concentraron, desde las 11 de la mañana, frente a la puerta de la Delegación de Gobierno de la Junta, en el paseo de la Alameda Principal en Málaga, para trasladar a la delegada provincial, Patricia Navarro, sus demandas entre las que también han incluido las ayudas sociales (por libros, dependencia por familiares, infancia o alquileres) que como empleados tenían recogidas los funcionarios andaluces en los convenios respectivos.
Según explicó Carmen Alguacil España, secretaria general de CSIF en Málaga, "nos pidieron entonces responsabilidad, paciencia, flexibilidad y prudencia cuando nos quitaron estas pagas extras por el reajuste económico durante la crisis. Y ahora es el momento de que nos las devuelvan sin más demora. Lo que no es normal es que seamos la única comunidad autónoma de toda España a la que todavía no se nos han restituido las dos extraordinarias, ni tampoco las ayudas sociales".
Alguacil, que cifró en más de 53.000 los empleados públicos en Málaga afectados por esta quita salarial regional de las ayudas sociales, añadió que "no queremos que este tema se quede sobre la mesa y que siga así, sino que tienen que comenzar ya a abonarnos lo que nos quitaron hace ya 10 años. Nosotros cumplimos y ahora le toca a la Junta".
El Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la Mejora de la Calidad en el Empleo Público y de las condiciones del personal, recogía tanto la recuperación de las Ayudas de Acción Social -que dejaron de otorgarse en 2011-, como la restitución de las cantidades de las pagas adicionales o del complemento específico de los años 2013 y 2014.
CSIF considera que "esta dilación responde a la falta de voluntad política de la Junta de Andalucía, que lleva un lustro mareando la perdiz para seguir incumpliendo el acuerdo de 2018. Andalucía es la única comunidad que ni siquiera ha hecho el intento de devolverla".
"No es de recibo que en el caso de los trabajadores de Justicia, que han participado en una huelga en los últimos meses, se les vaya ahora a descontar los importes correspondientes, mientras que la Junta de Andalucía siga sin pagarles los cerca de 3.000 euros de media a cada uno que se les debe por esas cantidades equivalentes a dos extras", insistió Carmen Alguacil, que ha recordado el periodo de inflación que viven también los empleados públicos, así como la supresión del Impuesto de Patrimonio que ha hecho este año la Junta, y que supone dejar de ingresar unos 120 millones de euros anuales al Ejecutivo regional.
