Los tribunales andaluces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción el pasado año a 191 personas físicas y jurídicas que habían cometido infracciones penales en alguna de las ocho provincias de Andalucía, lo que supone el 75% de los casos que se registraron a nivel nacional.   En el balance sobre el denominado Repositorio, un informe estadístico que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde el año 2017 para que la opinión pública conozca la respuesta efectiva que dan los tribunales de España a los casos de corrupción, Andalucía sigue estando a la cabeza de este tipo de procedimientos judiciales por los que se encausa tanto a personas físicas como jurídicas (empresas, asociaciones o colectivos), por haber cometido delitos públicos que distorsionan el normal funcionamiento de las administraciones públicas o servicios.   Se trata de conductas que el Código Penal castiga por delitos de prevaricación urbanística, prevaricación de los empleados públicos, violación de secretos, infidelidad en la custodia de los documentos oficiales o de investigaciones en marcha, el cohecho, tráfico de influencias y la malversación de caudales públicos.   También el Repositorio recoge aquellos casos judiciales relacionados con los fraudes, los abusos de poder de las autoridades en el ejercicio de sus funciones, la receptación, las exacciones ilegales, el blanqueo de capitales y las negociaciones prohibidas a los funcionarios para perjudicar los intereses generales y favorecer a terceros.   De este modo, los magistrados que ejercen en Andalucía incoaron procedimientos a más de las dos terceras partes del total de los 32 expedientes judiciales que se registraron en este capítulo en toda España.    De ellos, 16 lo fueron en la región andaluza, 4 en la Comunidad Valenciana, 4 también en Madrid, 2 en Castilla y León, y 1 respectivamente en las autonomías de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Galicia y Murcia (total 6).   VOLUMEN DE TRABAJO   En el caso de Andalucía, el mayor volumen de trabajo efectivo se registró durante el primer y segundo trimestre de 2023, con 128 personas encausadas por corrupción de las 191 contabilizadas en todo el año. En el cuarto trimestre apenas se tramitaron 22 personas procesadas.   Según el CGPJ, el pasado ejercicio se dictaron en toda España 13 sentencias por juezas y jueces, de las que 8 fueron total o parcialmente condenatorias.   Los procesamientos por acusación por corrupción contra las 256 personas físicas y jurídicas se realizaron no solo por los órganos del Supremo, Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) regionales, o de la Audiencia Nacional, sino también por jueces de Primera Instancia e Instrucción provinciales.    Del total de 32 procedimientos que se dictaron mediante autos de procesamientos y apertura de juicio oral comprendió a 185 personas físicas y a 71 con carácter jurídico. El Repositorio recoge que la mayoría de estos sujetos son funcionarios y cargos públicos, lo que confirma la existencia ya consolidada desde hace décadas de una corrupción administrativa y política en España relacionada con adjudicaciones de contratos y servicios por las administraciones, principalmente.    Por otra parte, de las 56 sentencias dictadas entre enero y diciembre de 2023 por delitos de corrupción, 38 fueron parcialmente condenatorias (67,9%). Las otras 18 restantes (32,1%) fueron absolutorias.