El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha querido lanzar un "mensaje nítido a la sociedad" y ha asegurado este lunes en su informe final del juicio del caso 'Malaya', contra la presunta corrupción en Marbella (Málaga), que "no podemos permitir que se repitan" los comportamientos investigados en esta causa. Así, ha dicho que espera "una sentencia ejemplar" contra estas prácticas de supuesta corrupción producida en el seno de la administración.
Para el fiscal, la importancia de esta operación radica "en que se está combatiendo un aspecto de la corrupción muy importante", como es el del "enriquecimiento ilícito, y en algún caso en concreto espectacular, de personas vinculadas con la administración pública y que han hecho del ejercicio de esta actividad pública el modo de enriquecerse ilicítamente a costa de un soborno reiterado en el tiempo mediante pagos de empresarios con intereses urbanísticos en Marbella".
En su intervención explicando los argumentos para mantener la acusación contra 86 procesados, el representante del ministerio público ha lamentado que esta operación "no supone un punto y final a la corrupción en Marbella, es simplemente un punto y seguido", al apuntar que "15 años de arbitrariedad y corrupción dan para mucho", aludiendo a otros procedimientos penales que aún están en marcha y a los procesos de fiscalización a los que fue sometida la administración local.
El fiscal está analizando cada uno de los puntos de su escrito de acusación y ha comenzado por el patrimonio del principal acusado y presunto cerebro de la trama cuando llegó al Ayuntamiento marbellí. Así, ha dicho que "el perfil objetivo del señor Roca no es el de un señor multimillonario cuando llega a la corporación municipal", al considerar que "sería ilógico que un multimillonario tuviera una sociedad en quiebra por una cantidad pequeña".
"No tiene sentido que una persona de este nivel económico de miles y miles de millones de pesetas se ponga a trabajar por cuenta ajena en una sociedad municipal", como hizo éste, ha asegurado la acusación pública, quien ha apuntado, igualmente, que "no tiene sentido que cobre el desempleo en el año 91 y 92". En este punto, ha cuestionado la pericial aportada por el principal acusado, en la que se fijaba el patrimonio en 1992 en 15 millones de euros.
CONCLUSIONES DE LAS DEFENSAS
Por su parte, la mayoría de las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones iniciales, oponiéndose a las acusaciones formuladas. La defensa de Roca sí ha introducido modificaciones en su primer escrito, aunque ha mostrado su disconformidad con las conclusiones y los delictivos por los que acusa el ministerio fiscal y el resto de acusaciones, incorporando como alternativa para determinados convenios el artículo 426 del Código Penal.
Subsidiaramente, ha considerado que se debe aplicar respecto a todos los hechos la atenuante análoga de confesión y la análoga de comportamiento postdelictivo positivo. Además, ha dicho que se hace una petición análoga por el desarrollo del proceso, en relación con las causas de nulidad alegadas y en el caso en el que no se estimen, por "una instrucción del todo irregular, por cumplimiento anticipado de la pena y por juicio paralelo".
La letrada de Roca, Rocío Amigo, ha reiterado la petición de nulidad del procedimiento, por investigaciones hechas supuestamente antes de que se incoara la causa; así como de las intervenciones telefónicas y de algunos registros, como el de la sede de la sociedad Maras Asesores, vinculada a su cliente y donde se intervinieron archivos informáticos con presuntos pagos y cobros, documentación que también ha sido impugnada. Asimismo, ha aludido a nulidades producidas durante el juicio, como la de determinadas pruebas periciales practicadas o documentos incorporados.
Además, ha alegado indefensión por acusaciones sorpresivas y por la subdivisión en bloques, que junto con la retransmisión de las sesiones del juicio, "ha permitido a los agentes un mal uso de esa información". La mayoría de los letrados se han adherido a las nulidades alegadas por Amigo.