Los letrados del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y de la Junta de Andalucía, ambas instituciones personadas como acusación en el caso 'Malaya', han incidido en las consecuencias que tuvo la "confusión" urbanística que había en la localidad y en que los acusados utilizaron esa situación creada para beneficiarse. Asimismo, han dicho que "se consolidaban" las supuestas ilegalidades dadas en el urbanismo desde la llegada del Grupo Independiente Liberal (GIL).
Así, el letrado del Ayuntamiento marbellí, primero en exponer su informe final en la sesión de este martes, ha indicado que lo que demuestra esta causa y la documentación que existe es que "el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "se hace a retazos y con base en acuerdos privados con los promotores", además de asegurar que "nunca se quiso tener un plan general y dudamos de que se quisiera tener de verdad incluso hasta en el último momento".
Esta parte ha hecho un repaso a distintos aspectos del urbanismo y ha asegurado que el equipo de gobierno que salió de la moción de censura contra el exalcalde Julián Muñoz "pretendió tener una cobertura" legal ante las licencias de obras ilegales otorgadas previamente, además de que, por otro lado, con los excesos de aprovechamientos urbanísticos, "se estaban creando unas plusvalías artificiales en las que participaba el Ayuntamiento".
El letrado ha asegurado que se trató de "despatrimonializar" el Ayuntamiento y hubo "un continuado desapoderamiento de una institución pública", insistiendo en la posición del presunto cerebro de esta supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, de quien ha dicho que era "una especie de alcalde o coalcalde, porque mandaba de verdad y mandaba en todo, y porque todo el mundo iba a pedirle consejo".
Ha afirmado que Roca era "una persona hábil" porque las operaciones realizadas, que han sido investigadas en este procedimiento, "necesitan una mente privilegiada", que, en este caso, "tenía el instrumento porque tenía el poder municipal". Ha añadido que tuvo "un acopio de poder que fue absoluto al faltar el exalcalde Jesús Gil y al depositar en él toda su confianza la exregidora Marisol Yagüe".
De ésta, el letrado que representa al Consistorio marbellí ha indicado que era una persona "que se iba a confiar plenamente a los designios de Roca, porque también eso iba en su interés". Además, ha incidido en que los entonces concejales "parece que lo ignoraran todo", pero "eran conocedores", igual que los empresarios, "de que las licencias eran ilegales".
REVISIÓN DE LICENCIAS
Por su parte, ha coincidido con el letrado de la Junta de Andalucía en que no se revisaron las licencias concedidas, porque eso conllevaba la suspensión de la ejecución de las obras "y lo que se pretendía era lo contrario, que la situación se consolidara". Así, la parte que representa a la administración andaluza se ha preguntado "quién se benefició de esa confusión urbanística que existía en Marbella".
"¿No se beneficiaron muchos de los acusados que están presentes en esta sala? ¿No se beneficiaron los empresarios que conveniaban con el Ayuntamiento? Este letrado entiende que sí, que unos de los beneficiarios directos de esa confusión provocada interesadamente en el Ayuntamiento fueron los empresarios que se sientan hoy en el banquillo, entre otros", ha indicado el abogado de la Junta de Andalucía, quien ha recordado que algunos han reconocido pagos.
Ha considerado "sorprendente" que por parte de algunas de las defensas pretendan responsabilizar a la Junta de Andalucía de esa confusión normativa. "Que después de la disolución del Ayuntamiento de Marbella, hecho insólito, y que después de encontrarnos con una cuenta de sobornos de 30 millones de euros todavía tengamos que oír que es la Junta de Andalucía la responsable no produce estupor, produce indignación", ha dicho.
Ha asegurado que todos los convenios "nos parecen fraudulentos desde el inicio" y que ha quedado demostrado que la gestión de estos acuerdos correspondía a Roca "con total autonomía". Ha dicho que el hecho de que los responsables municipales de entonces no adoptaran medidas de control sobre la gestión de los convenios "nos lleva a pensar que la corporación que surgió de la moción de censura se parecía mucho si no era idéntica a las anteriores".
En el caso de los exediles, ha apuntado que "cualquier pago a un concejal por realizar funciones relacionadas con su cargo es constitutivo de delito", por lo que "ni siquiera la alegación o declaración del señor Roca sobre la finalidad de esos pagos, en el hipotético supuesto de que fuera cierto que tenían por objeto la cohesión del equipo de gobierno, excluye la aplicación del artículo 420 del Código Penal".
Ha pedido a la Sala que siente "un precedente" y diga "por primera vez que el aprovechamiento urbanístico puede ser objeto del delito de malversación". Tras estas dos acusaciones, también ha expuesto su informe la Abogacía del Estado, que acusa por delitos contra la Hacienda Pública; mientras que este miércoles está previsto que varias defensas de acusados hagan sus informes finales ante el Tribunal.