Una auditoría externa para conocer la gestión en el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga durante los años 2008, 2009, 2010 y hasta el 23 de junio de 2011, bajo el Gobierno de coalición entre PSOE e IU, revela compras de palos de golf, una pluma estilográfica, trajes y corbatas que no fueron objeto de reparo alguno por parte de la interventora del organismo.
En el informe se detalla un gasto de 644 euros en los palos de golf y una estilográfica; 2.181 euros en ocho trajes, y 7.864,80 euros para la compra, el 24 de diciembre de 2009, de 600 corbatas, según el informe de la auditoría al que ha tenido acceso Europa Press.
En el caso de los trajes no se aclara el tipo, por lo que el auditor no puede concluir si es un gasto necesario o no para el Consorcio de Bomberos. Respecto a las corbatas se detalla que no hay aprobación del gasto y que, además, es un complemento que no forma parte de la uniformidad de los empleados del Consorcio, por lo que duda de que sea un gasto que hubiera que realizar.
Sobre los palos de golf, la factura se encuentra fiscalizada y no conforme por la secretaria-interventora, pero fue aceptada por el anterior gerente de este organismo, José Luis Cámara, según ha adelantado este lunes el diario 'SUR'.
También se apunta como una irregularidad que en 2009 se liquida en el presupuesto de gastos, dentro del capítulo de transferencias corrientes, un importe de 60.000 euros en concepto de 'Factura Fundación', a pesar de que no existía ni factura ni documento justificativo de la realización de dicho gasto.
"La liquidación en el presupuesto de un gasto no cierto es un incumplimiento flagrante de la ley presupuestaria y una irregularidad bastante grave que no tuvo reparos por parte de la Intervención del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga", señala el informe, que apunta, asimismo, que liquidar un gasto en el presupuesto cuando éste no existe "podría ocultar la necesidad de dotar una bolsa para realizar pagos que se escapen del control presupuestario".
En el informe consultado se reflejan facturas de diversas empresas. Entre ellas, de una sociedad que suministró "litros de la tecnología de encapsulación micelar para incendios de clase A y B" en las que hay detalles como que todas las facturas tienen la misma fecha de emisión, y que la numeración de las mismas es correlativa. Además, una de ellas tiene como registro de entrada más de un año después de su emisión.
Ante tal circunstancia se solicitaron pruebas y se entregó al auditor, por parte de un subjefe técnico, un informe en el que se indica que, además de no ser un producto superior al actualmente utilizado, "únicamente se han recibido en el almacén la cantidad de 24 garrafas de 20 litros cada una de este producto, es decir, 480 litros cuando en las facturas relacionadas se facturaron 2.340 litros". Todo lo anterior fueron facturas aprobadas por el anterior gerente y sólo una de ellas cuenta con la firma de la Intervención del Consorcio.
En la investigación desarrollada se alude igualmente a obras realizadas en los diversos parques de bomberos de la provincia que se dividieron en contratos diferentes para no sacar a concurso público esos trabajos, como marca la ley cuando se sobrepasa una cantidad determinada.
Uno de los apartados hace referencia al proceso selectivo de cobertura definitiva de plazas en turno libre mediante oposición y de plazas acogidas al proceso de consolidación de empleo temporal por parte de personal interino, fundamentada en que la consolidación de 271 plazas interinas iba en contra de los estatutos del CPB.
La vinculación existente en el momento de creación del Consorcio, según el informe, era para 236 personas; sin embargo, la convocatoria incluía 271 plazas, por lo que 35 plazas "corresponderían a puestos para los que no se realizó la prescriptiva vinculación y que fueron irregularmente contratados por el Consorcio".
CONSECUENCIAS JURÍDICAS
Sobre las posibles irregularidades detectadas, éstas podrían llevar aparejadas responsabilidad, con sus correspondientes consecuencias jurídicas, para la persona que ejerce funciones de secretaria-interventora del CPB de Málaga.
El informe del abogado encargado de la auditoría concluye que tras analizar las "irregularidades detectadas" se evidencia que hay "incumplimientos graves de las funciones que la funcionaria tiene reservadas por disposición legal".
En concreto, se ha cometido una falta que conllevaría la interposición de sanciones como la separación del servicio de funcionarios, suspensión de sus funciones por seis años como máximo o traslado forzoso.