El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha aprobado el expediente para sacar a concurso público la adjudicación del servicio de ejecución del plan de recolocación externa para los afectados por la reducción de plantilla municipal tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
La prestación de este servicio por parte de la empresa que resulte adjudicataria tendrá una duración de seis meses, según ha informado este lunes en un comunicado la edil de Personal, Pilar Fernández-Fígares.
La responsable municipal ha detallado que estas personas tendrán a su disposición un conjunto de herramientas y una formación personalizada dirigida a mejorar su empleabilidad y acelerar sus opciones de conseguir un nuevo trabajo o una alternativa laboral. Este asesoramiento estará adaptado a la categoría profesional y a la formación de cada uno de los empleados.
Asimismo, la iniciativa va aparejada a un plan de acompañamiento social, que incluye que las posibles contrataciones o sustituciones que se realicen en el Ayuntamiento vayan dirigidas preferentemente a este personal.
CARTAS A LAS EMPRESAS
Además de este plan de acompañamiento social, la concejala ha avanzado que el equipo de gobierno del PP ha decidido dirigir una carta a las empresas concesionarias de servicios municipales y adjudicatarias de obras que se están realizando en el municipio para que prioricen la contratación de personal actualmente en paro y proveniente del Ayuntamiento para la ejecución, seguimiento o tramitación de los trabajos y servicios adjudicados mediante concesión o contrato administrativo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló a favor del Expediente de Regulación de Empleo que el Ayuntamiento de Estepona aplicó a finales de julio para atender el pago a proveedores de la deuda atrasada por un importe de 67 millones de euros.
El equipo de gobierno informó en mayo, mes en el que comenzaron las negociaciones con los sindicatos, de que el Consistorio tenía que ajustar seis millones de euros de déficit del presupuesto para poder acceder al crédito con el que liquidar sus deudas con los proveedores.
Así, se optó por reducir el capítulo de personal, que suponía el 94 por ciento de los ingresos de esta partida, y se indemnizó a los empleados afectados con algo más de dos millones de euros.
