La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha comenzado el juicio contra el empresario Cristóbal Peñarroya y otras tres personas, acusados de la presunta estafa al propietario de un apartamento en un edificio de Benalmádena (Málaga), que finalmente fue subastado. Este martes han declarado los acusados y el perjudicado; y la vista oral continuará el 13 de marzo con la comparecencia de más testigos, con las conclusiones y con los informes finales.
La Fiscalía pide tres años de prisión y la acusación particular que representa al propietario del apartamento pide cuatro años de cárcel para cada uno de los cuatro procesados, a los que se les acusa de un delito de estafa, tras ponerse de acuerdo para realizar una "maniobra procesal con la intención de apropiarse" de dicho inmueble, al que su dueño iba sólo los meses de julio y agosto, que era cuando pagaba las cuotas de comunidad atrasadas.
Además del empresario, que era presidente de la comunidad de propietarios, están acusados el secretario administrador de ésta, el abogado de la misma y un conserje. Según consta en el escrito inicial de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados "promovieron que se tomara acuerdo" en una junta de propietarios del año 2000 de interponer demanda contra el perjudicado en reclamación de las cuotas hasta ese momento impagadas.
El proceso siguió y en enero de 2001, al no estar el hombre en su domicilio, el conserje, según las acusaciones, cogió la citación del juzgado y "no realizó ninguna gestión para la localización" de éste, que en ese momento ya había abonado las cuotas impagadas "sin que nadie le pusiera en conocimiento la existencia del procedimiento". Además, la comunidad, a través del presidente, el administrador y el letrado, no informó del pago al juzgado hasta marzo.
La causa continuó por la reclamación de las costas, fijadas en 56.526 de las antiguas pesetas --339,73 euros--. Estas notificaciones "nunca llegaron a ser conocidas por el verdadero destinatario de las mismas", dice el fiscal, que precisa que se señaló el apartamento como único bien a embargar, se decretó su embargo y fue subastado, concurriendo a la subasta una empresa propiedad del empresario acusado, aunque finalmente se le adjudicó a otra.
Los acusados han negado estos hechos. Así, el empresario, también juzgado por el caso 'Malaya', ha dicho que en esa junta de comunidad se acordó actuar contra varios deudores y no sólo contra el querellante, a quien ha dicho no conocer. Ha señalado que no estaba informado de forma permanente de todos los pleitos y ha negado que diera orden alguna al conserje para esconder las cartas que llegaran para ese propietario, que "pagaba cuando quería y lo que quería".
Asimismo, Peñarroya ha dado su "palabra de honor" de que no se dedicaba a alquilar apartamentos y ha dicho que no tenía interés en tener este inmueble, coincidiendo en esto con el administrador, quien ha declarado que estaba autorizado para reclamar las cuotas, no las costas, pero que no sabía los pormenores de los pleitos. Ha negado que diera orden de ocultar cartas y sólo ha señalado que a veces se les mandaban al perjudicado a su domicilio de Marruecos.
El conserje ha negado, igualmente, saber nada del proceso ni de la subasta y ha insistido en que las cartas se metían en el casillero del propietario. El letrado de la comunidad, por su parte, ha explicado que pidió que se siguiera la demanda por las costas porque era su "dinámica habitual de trabajo" y ha recordado que fue el juzgado el que aceptó ese bien para embargar, negando que existiera un interés especial en este pleito por los otros acusados.
El perjudicado también ha declarado y ha insistido en que "nunca" encontró una carta del juzgado y "jamás" le comunicaron que le habían demandado. Ha señalado que su hijo, que iba con más frecuencia, recogía el correo, de forma que las cartas importantes estaban en la caja fuerte y las menos, en un cajón. Asimismo, ha dicho que la comunidad podía haber cogido el dinero de las costas de su cuenta corriente, donde habían hecho cargos otras veces.
