Vecinos de las barriadas malagueñas de Palma-Palmilla llevan ya recogidas más de 1.800 firmas contra las "coacciones" de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) y han vuelto a solicitar que "se les condonen las deudas y se paren todos los juicios".
El portavoz del colectivo, Jesús Rodríguez, ha indicado que la situación está afectando "a la dignidad de muchas personas" y ha acusado al Consistorio malagueño de "engañarles". Precisamente, este sábado se ha celebrado una reunión con los vecinos del barrio de las 720 Viviendas para que se adhieran a sus peticiones.
En total, 120 vecinas han apoyado las tres reivindicaciones de la plataforma: "nulidad de todos los reconocimientos de deuda obtenidos bajo coacciones, suspensión de los procedimientos judiciales y una tarifa social para aquellos hogares que acrediten insuficiencia de recursos".
La plataforma continuará con la recogida de firmas hasta llegar a los 6.000 hogares, ha precisado Rodríguez, y ha criticado que el Ayuntamiento quiera ir "caso por caso". "Emasa siguió un procedimiento ilegal para cobrar deudas de anteriores propietarios, coaccionando a las vecinas con penas de cárcel, en el caso de que se negaran a firmar reconocimientos de las deudas de anteriores propietarios", han apuntado desde la plataforma.
A juicio de esta plataforma "se pretende endosar deudas, incluso superiores a los 60.000 euros, a personas que se encuentran en situaciones de extrema necesidad". Esto, han continuado, "empuja a los vecinos a la marginalidad, condenándoles a la exclusión social".
MESA DE TRABAJO
El pasado mes se acordó que una mesa de trabajo constituida por miembros del Área de Medio Ambiente, Emasa, los servicios sociales de la Junta Municipal de Distrito de Palma-Palmilla y representantes vecinales, se haría cargo de estudiar de forma individual las reclamaciones de deuda por consumo de agua que aún están pendientes de cobro.
El Consistorio expresó su voluntad de encontrar una solución a los casos que se presenten a estudio, siguiendo el trabajo que se ha iniciado tanto desde Emasa como desde la propia Junta Municipal de Distrito, consistente en el estudio de forma individualizada del problema.
Los problemas expuestos por los representantes de los afectados tienen relación con la reclamación de deudas por impago del consumo de agua. En este tipo de situaciones, Emasa se pone en contacto con cada interesado a fin de negociar el procedimiento de regularización del cobro, adaptado a la circunstancia socioeconómica de cada afectado, entendiendo como interesada a la persona que le consta que ocupa la vivienda suministrada por el contador.
En el caso de que se agote la vía de la negociación sin que se reanude el pago del agua, Emasa inicia un procedimiento civil cuyo efecto nunca es el ingreso en prisión y que se intenta solventar hasta el último momento mediante un acuerdo con los afectados, que es trasladado al juzgado para que dé por finalizado el procedimiento abierto.
Las situaciones que han llegado a la vía penal responden, según el Ayuntamiento, a la supuesta comisión de un delito de defraudación de agua, al comprobarse que en una vivienda se ha producido un enganche ilegal, de forma reiterada en ocasiones, y que, por tanto, se está realizando un consumo de la misma sin pagar.
En la tramitación de estas denuncias, en el caso de no tener acreditado el titular del contador, se cuenta con la colaboración de la Policía Local, que es la encargada de determinar quiénes son los ocupantes de la vivienda, en la que se ha producido el enganche ilegal. Estos casos, que culminan normalmente con sentencia condenatoria, suelen finalizar con la conformidad del acusado, sin que tampoco suponga su ingreso en prisión, ya que el delito no lleva aparejado el castigo de prisión, sino la pena de multa.