La Fiscalía de Málaga ha retirado la acusación contra el empresario Cristóbal Peñarroya y otras tres personas a las que, inicialmente, imputaba la presunta estafa al propietario de un apartamento en un edificio de la localidad malagueña de Benalmádena, que, finalmente, fue subastado; mientras que la representación del perjudicado ha mantenido su acusación contra el constructor y otras dos personas, para los que pide tres años de prisión.

   El ministerio público solicitaba inicialmente tres años de cárcel para los cuatro acusados: el empresario, que era presidente de la comunidad de propietarios; el administrador de ésta, el letrado y un conserje, por ponerse de acuerdo para, con una "maniobra procesal", reclamar las cuotas impagadas de la comunidad y las costas al dueño "sin que nadie" le hubiera informado con el fin de apropiarse del piso, al que sólo iba dos meses en verano, a través de la subasta.

   En sus conclusiones finales del juicio, celebrado en la Sección Novena, el fiscal considera que, tras las pruebas practicadas, no existen los indicios iniciales de "un acuerdo de voluntades" entre los acusados para llegar a este fin, sino "absoluta descoordinación" entre dos de ellos; apuntando que, por tanto, no se puede hablar de maquinación. Entiende que la reclamación de costas se hace "de una deuda existente" en ese momento.

   Asimismo, ha señalado que no hay certeza de que las notificaciones no fueran remitidas al perjudicado, como éste sostiene, ya que, ha explicado, de 2000 a 2003, periodo en el que se tramitó la reclamación judicial, éste no vino al apartamento y era su hijo, que no sabe español --ha recordado-- el que se encargaba de separar las cartas importantes de las que no lo eran. Además, ha añadido que el dueño declaró en el juicio que no tenía intención de querellarse.

   Por su parte, la acusación particular, en representación del perjudicado y querellante, ha mantenido la acusación contra el empresario, el administrador y el letrado, considerando que se reclamó judicialmente una deuda "inexistente" a sabiendas de este hecho y ha insistido en que en todo el proceso de reclamación "se está faltando a la verdad", lo que lleva al juzgado a "caer en un error y proseguir con la subasta" del piso.

   Ha apuntado que se ha hecho "un daño terrible" al propietario del apartamento por un importe de 350 euros, que es en lo que se cifraron las costas del procedimiento. Este letrado, por contra, ha retirado la acusación respecto del conserje, por lo que el presidente del Tribunal ha adelantado a éste que se dictará una sentencia absolutoria, al no estar acusado por ninguna de las partes. Las defensas han pedido la absolución.