Los trabajadores de la empresa malagueña Isofotón se han concentrado este miércoles en las inmediaciones del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), realizando una marcha que ha acabado en la sede de la tecnópolis con la entrega de una carta dirigida a su presidente, Felipe Romera, al que han solicitado que "medie en el conflicto".
Esta medida de presión de los trabajadores está incluida dentro de las acciones que vienen tomando desde el pasado 15 de febrero cuando comenzaron las movilizaciones y jornadas de huelga de cada viernes hasta el pasado 15 de marzo, como protesta ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa y que afectará a 380 trabajadores de los 657 que conforman la plantilla de la fábrica malagueña.
La marcha, en la que han participado más de 250 personas, ha comenzado a las 10.30 horas en la puerta de la fábrica de Isofotón y ha culminado a las 12.30 horas en la sede del PTA donde, ante la ausencia del presidente, los representantes de los trabajadores han hecho entrega de una misiva en la que se pedía a Romera que mediase en el conflicto, según han precisado a Europa Press fuentes del comité de empresa.
Esta concentración ha coincidido con una nueva jornada de huelga que han secundado, según estas mismas fuentes, el 100 por ciento de la plantilla, aunque la empresa ha precisado a Europa Press que el seguimiento ha sido del 75 por ciento.
IRREGULARIDADES EN LA PRESENTACIÓN DEL ERE
Por otro lado, desde CSI-F han informado de que la Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles al comité de empresa de Isofotón que la comunicación del ERE no reúne los requisitos exigidos.
El comité, por su parte, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la empresa tras considerar posibles irregularidades por parte de Isofotón en la negociación del ERE y en la aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que atraviesa la plantilla desde hace más de un año.
A este respecto, CSI-F Málaga considera que la empresa "está demostrando una nula voluntad de negociación con los representantes de los trabajadores", según han informado en un comunicado. Asimismo, han precisado que temen "que el objetivo de la empresa sea continuar con el proceso de deslocalización que ha puesto en marcha en los últimos años, a costa del esfuerzo de sus 700 trabajadores y las ayudas públicas".