El consejo de administración de Parcemasa, reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha aprobado por unanimidad encargar a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Málaga un segundo informe sobre la legalidad de los complementos salariales que perciben cuatro trabajadores, a petición del PSOE, y también, según ha añadido el equipo de gobierno del PP, sobre los acuerdos laborales adoptados desde la creación de la empresa, incluidos los convenios colectivos.
Todo ello después de la polémica de los complementos salariales que perciben cuatro mandos intermedios de la empresa municipal y que, según el equipo de gobierno del PP, son "legales". La petición de estudio a la Asesoría Jurídica se produce después de que ya exista un informe emitido por la Secretaría General.
Asimismo, a petición del grupo municipal socialista se ha acordado también que ningún empleado pueda, con la aplicación de complementos salariales, cobrar más que el alcalde, Francisco de la Torre.
En tercer lugar, se ha dado el visto bueno a la propuesta del PP de que todas las decisiones en materia laboral y salarial pasen por el consejo de administración, de modo que "haya una mayor transparencia", ha indicado la concejala de Promoción Empresarial y del Empleo y responsable de Parcemasa, Ana Navarro.
Ésta última ha insistido en sus argumentos de que estos complementos salariales "son válidos y están amparados por la ley", ya que, aunque no pasaron por el consejo de administración, sí contaron con el visto bueno del consejero delegado.
En este punto, ha defendido que el equipo de gobierno del PP persigue "la transparencia y arreglar las cosas que hasta ahora no se estaban haciendo bien", ya que, ha subrayado, "todas estas relaciones laborales tenían que haber pasado por el consejo de administración, no porque la ley lo exija, sino para que haya mayor control".
No obstante, la presidenta del consejo de administración de Parcemasa ha recordado que los delegados de personal de la empresa interpusieron una demanda judicial, que se verá el próximo 3 de diciembre, por lo que "será el juez el que se pronuncie sobre si estos complementos son procedentes o no y nosotros acataremos la sentencia".
PSOE E IU
Por su parte, el concejal socialista Francisco Conejo ha señalado que la permanencia de estos complementos salariales "viene a constatar que el PP gestiona esta empresa municipal como si fuese su cortijo al margen de los órganos competentes".
Conejo ha advertido de que "no se ha mostrado durante el transcurso del consejo ningún tipo de documento que avale la legalidad de los complementos aprobada por el gerente sin autorización del consejero delegado o del consejo de administración", por lo que ha reiterado la petición socialista de eliminar "los sobresueldos percibidos de hasta 15.000 euros anuales".
"Se trata de una nueva irregularidad como la del IVA", ha añadido el edil del PSOE, a la vez que ha criticado el hecho de que el equipo de gobierno "mire hacia otro lado" en este asunto y "se niegue a eliminar estos complementos".
Por todo ello, los socialistas han vuelto a pedir el cese de la consejera responsable de Parcemasa y del gerente de la empresa pública, después de que se permita el mantenimiento de estos complementos salariales.
Así, Conejo ha denunciado la falta de transparencia del PP, "al entregar a la oposición los informes realizados en noviembre de 2012 y abril de 2013 sobre la legalidad de los complementos en el propio consejo", al tiempo que ha criticado que se negara la entrada al consejo a los representantes de los trabajadores de Parcemasa, una queja que ha sido secundada por la concejala de IU Ana García Sempere.
Precisamente, la edil de la coalición de izquierdas ha demandado que los delegados sindicales puedan asistir a los consejos de administración de Parcemasa "de modo permanente y no a voluntad de la presidenta".
García Sempere ha reiterado la propuesta de su grupo de que se iniciaran los trámites legales para la eliminación de "estos complementos irregulares otorgados discrecionalmente por el anterior gerente de Parcemasa por ser ilegales al no ser aprobados por ningún órgano competente de la empresa", así como que se devuelvan hasta saber su legalidad o no.
