La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha juzgado este martes al administrador del Grupo Mirador, Enrique Faura, y al administrador único de una inmobiliaria, acusados de un delito de estafa en la venta de un apartamento en una promoción de Fuengirola (Málaga), por la que una pareja entregó 39.000 euros sin que se les entregara el inmueble ni se les devolviera el dinero.
La Fiscalía de Málaga solicitaba inicialmente una pena de tres años de prisión y multa de 7.500 euros para cada uno; mientras que la acusación particular, en representación de los compradores, pedía cinco años de prisión y multa de 36.000 euros. Según han informado fuentes judiciales, ambas partes han mantenido esta acusación por un delito de estafa y el juicio ha quedado visto para sentencia.
Según los escritos de las acusaciones, los acusados mantenían una relación comercial para la comercialización de los apartamentos de dicha promoción. Así, el responsable de la inmobiliaria, "teniendo conocimiento de la paralización de las obras y la incertidumbre sobre su reanudación", y, además, con "la autorización y conocimiento" del promotor, firmó un contrato privado con los perjudicados en 2006.
Los compradores entregaron primero, según las acusaciones, 3.005 euros como adelanto de la reserva, "transfiriéndole posteriormente 36.083 euros en concepto de reserva del apartamento", sin que hayan llegado a tener el piso. En septiembre de 2009, los perjudicados se pusieron en contacto con la promotora, la cual les dijo que "no aparecían como compradores ni clientes" de dicha promoción.
Así, en el juicio, el primero en declarar ha sido el representante de la inmobiliaria, quien ha asegurado que en este caso su empresa actuaba en nombre de un inversor que había comprado un paquete de 80 pisos, algunos de ellos vendidos a otro extranjero, quien a su vez quiso revender uno a los perjudicados, apuntando que la promotora debía conocer sólo la primera venta.
Por su parte, el responsable del grupo Mirador ha indicado que la segunda fase de la promoción "nunca estuvo paralizada" y que la obra está terminada, según las certificaciones, aunque no conste en el registro. Ha explicado que cuando los perjudicados se pusieron en contacto con la promotora se les pidió documentación para saber todo el recorrido de la operativa, porque no constaba.
Los compradores, por su parte, han insistido en que en ningún momento les dijeron que estaban comprando a un tercero y que sobre el nombre de un extranjero que aparecía en uno de los documentos firmados, les explicaron que era un hombre que había hecho una reserva y que había desistido. Además, han asegurado que la inmobiliaria se presentó como intermediaria del grupo promotor.
Han declarado que el bloque no está terminado, sino "abandonado y casi destruido", además de que desde que dieron el grueso del dinero, es decir, la segunda entrega de 36.000 euros, "sólo nos han dado evasivas". "Dimos todos nuestros ahorros y ahora no tenemos ni el dinero ni el piso", ha dicho el perjudicado, quien ha añadido que aunque fuera un apartamento, lo quería como primera residencia.
