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Sábado 16/11/2024
 
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Málaga

Martín Serón dejará la Alcaldía de Alhaurín el Grande y pide la baja del PP

El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), ha anunciado que dejará la Alcaldía para que comience a contar el año de suspensión para empleo y cargo público municipal, tras la condena por cohecho en el caso 'Troya' que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo

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El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), ha anunciado que dejará la Alcaldía para que comience a contar el año de suspensión para empleo y cargo público municipal, tras la condena por cohecho en el caso 'Troya' que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.

   Asimismo, ha dicho en rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento que este mismo miércoles va a pedir la baja como militante del Partido Popular, algo que "me duele muchísimo" pero, ha continuado, "entiendo que voy a poder defenderme mejor y no voy a dañar al partido".

   Ha añadido que dentro de unos días convocará un pleno para formalizar su marcha de la Alcaldía y dar una explicación "directa" al pueblo y a los concejales de la oposición. "El pueblo se queda en buenas manos", ha señalado, ya que será la primera teniente de alcalde, Antonia Ledesma, también diputada provincial, será la regidora en funciones durante este periodo de un año.

   Durante su comparecencia, Martín Serón ha criticado la sentencia del TS y ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque esto no paraliza la ejecución de la resolución del Alto Tribunal.

   La Sala del TS ha desestimado los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Málaga que condenó al alcalde de Alhaurín el Grande y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, por un delito de cohecho en el denominado caso 'Troya'.

   El Supremo confirma así la sentencia con la que la Audiencia Provincial de Málaga les condenó, en enero de 2012, a una multa de 200.000 euros y suspensión de empleo y cargo público durante un año, al igual que a Gregorio Guerra, al considerar probado que exigieron 122.000 euros a un empresario de la construcción para concederle una licencia de obras para un edificio de viviendas.

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