La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir de este próximo lunes al que fuera dueño de la promotora Aifos, al que la Fiscalía acusa por apropiarse del dinero, más de un millón de euros, entregado por compradores de vivienda de la promoción Hacienda Casares. También está acusada su mujer, y la acusación particular, en representación de los perjudicados, añade un delito de estafa.
La vista oral iba a comenzar el pasado lunes día 3, aunque el representante del ministerio público solicitó a la Sala suspensión de la vista oral ante la imposibilidad de asistir al juicio el fiscal que conoce todo el procedimiento, que estaba enfermo. Las defensas de los acusados mostraron su oposición a este aplazamiento, aunque finalmente la Sección Segunda lo acordó.
El juicio está previsto que siga los próximos martes y miércoles, días 11 y 12 de febrero. Tanto la acusación particular, que representa a los perjudicados, como la defensa, aportaron diversa documentación. El fiscal solicita cuatro años de prisión y multa de 6.000 euros a cada acusado por un delito continuado de apropiación indebida.
Por su parte, el letrado de los compradores solicita ocho años de cárcel y multa de 12.000 euros para cada acusados, al añadir al delito de apropiación indebida otro de estafa continuada. Ambas acusaciones reclaman que los acusados indemnicen a los perjudicados, considerando a la empresa Aifos, que está en concurso de acreedores, responsable civil subsidiaria.
El ministerio público relata en su escrito de acusación inicial que 26 personas y una entidad compraron distintas viviendas de dicha promoción, constando en los contratos, "de manera expresa", que las cantidades entregadas les serían devueltas con el interés en caso de que se instara la resolución del mismo por expirar el plazo de inicio de las obras --fijado para noviembre de 2004-- o de fin.
El fiscal señala en sus conclusiones iniciales que "la construcción nunca se alzó" por retrasos en la urbanización de los terrenos, a la que se había comprometido otra entidad, vendedora de aquellos a Aifos, y dice que "no puede acreditarse haber empleado el dinero recepcionado de los adquirientes en las necesidades derivadas del proceso constructivo".
"Si hubiera aperturado cuenta especial donde ingresar las sumas recibidas, sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto, más no lo hizo ni ha verificado la restitución del dinero por otros cauces", precisa la Fiscalía en su calificación provisional, a la que ha tenido acceso Europa Press.
La acusación particular, que eleva a 30 los perjudicados, añade en sus conclusiones iniciales, a las que también tuvo acceso Europa Press, que en los contratos se hacía constar que Aifos estaba desarrollando la promoción, lo que hizo pensar a los compradores que "la obra estaba ejecutándose y que no iban a existir los problemas que existieron".
Asimismo, en cuanto a las cantidades entregadas, constaba que "la parte vendedora se obligaba a entregar los correspondientes avales", dice la acusación particular, señalando que los clientes dieron su consentimiento a firmar los contratos "bajo un claro y evidente engaño", pensando que las obras estaban en marcha "cuando la realidad era muy distinta: no había ni licencia de obras".