El Ayuntamiento de Málaga ha cifrado en 1.786.654 euros el ahorro generado entre 2009 y 2012 por la reducción de cargas administrativas en diferentes áreas y organismos y la consiguiente puesta en marcha de medidas de simplificación.
Por departamentos, el mayor ahorro durante estos cuatro años por la simplificación burocrática se dio en Gestrisam, con un total estimado de 784.200 euros; situándose a continuación la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), con 429.705 euros, según se desprende de una respuesta del Servicio de Calidad y Modernización, dependiente del Área de Economía, Hacienda y Personal, a una pregunta del PSOE.
En Deportes el ahorro estimado alcanzó los 199.790 euros; en Intervención, los 188.160; en Promoción Empresarial y del Empleo, los 148.695; en Juventud, los 16.162; en el Instituto Municipal del Taxi (IMT), los 11.167; en Derechos Sociales, los 5.850; en Movilidad, los 1.905; en Parques y Jardines, los 900 euros, y en Personal, Organización y Calidad, los 120 euros.
En cuanto a 2013, aunque no era necesario según el objetivo de la Unión Europea (UE), el Ayuntamiento continuó con la puesta en marcha de nuevas medidas y herramientas de simplificación administrativa, como por ejemplo el Servicio de Verificación de Datos del Ministerio de Hacienda.
Éste recibió más de 27.000 consultas, que permitieron que los usuarios no tuvieran que presentar ciertos documentos requeridos, sino que su existencia y verificación se hizo de forma online desde el propio Ayuntamiento, lo que supuso un ahorro estimado de 302.735 euros.
El concepto de cargas administrativas hace referencia al "coste estimado que le supone a las empresas y a los ciudadanos relacionarse con las administraciones fruto de las normativas que les aplican, nunca a los costes presupuestarios en la gestión interna, que, incluso a veces, supone un aumento de trabajo", tal y como se precisa desde el Ayuntamiento en la citada respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press.
COSTES
Según las tablas de medición del coste de cargas administrativas, una auditoría o control por organizaciones o profesionales externos se estima en 1.500 euros; la presentación de un informe y memoria, en 500 euros, al igual que la formalización en documentos públicos de hechos, o en 300 euros la llevanza de libros.
La UE acordó en 2007 convertir la simplificación administrativa en una de las líneas de acción prioritaria de la política económica comunitaria, planteando como objetivo reducir las cargas a los ciudadanos derivadas de la normativa europea en un 25 por ciento para 2012 y estableciendo el compromiso por parte de los estados miembros de tomar medidas similares para la legislación nacional.
Fruto de ese compromiso el Gobierno de España acordó en 2008 reducir en el conjunto de todas las administraciones --el Estado, las autonómicas y las locales-- un 30 por ciento las cargas administrativas, aprobando un plan específico con una serie de medidas.
La puesta en marcha por parte de la Administración General del Estado de las diferentes medidas ya supuso la consecución del objetivo marcado de reducir las cargas administrativas en un 30 por ciento, no siendo, por tanto, necesaria la participación de las entidades autonómicas ni de las locales.
Pese a ello, el Consistorio de Málaga consideró necesario participar en la medición de las reducciones de cagas administrativas practicadas, "tanto por el compromiso con Europa y el resto de administraciones participantes como con nuestros empresarios y ciudadanos, de forma que pudiesen apreciar el compromiso en simplificar y agilizar cualquier comunicación con ellos, contribuyendo a dinamizar la economía local".