El fiscal del Tribunal Supremo ha mantenido este miércoles que el caso Malaya es el "fenómeno de corrupción más importante de la historia judicial española" y ha criticado la "blandura" y el "buenismo" de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, por lo que ha pedido al alto tribunal que dicte otra sentencia "ya no ejemplar ni rigurosa" sino, al menos, "justa".
El representante del Ministerio Público ha mantenido que es "difícil" encontrar otro caso en el que "se hayan echado al bolsillo tales cantidades" y, como ejemplo, ha llamado la atención sobre que al principal acusado, Juan Antonio Roca, se le hayan requisado obras de arte por valor de 1.000 millones. "Hablar de codicia es poca cosa en este caso", ha apuntado.
Para el fiscal la sentencia es "insuficiente" y blanda no por absolver a muchos de los acusados sino porque "para las condenas se han usado las argucias jurídicas posibles, y otras que no lo eran, para atenuar a la responsabilidad".
El TS ve desde este miércoles en vista pública los recursos presentados por las partes a la sentencia de la Audiencia malagueña, un total de 52 entre acusados y acusaciones -la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado--. El volumen de abogados, más de cuarenta, y de público ha obligado a que la vista se celebre en el Salón de Plenos, más amplio que en el que habitualmente se celebran este tipo de sesiones.
Cabe recordar que la Sala de 'Malaya' condenó en octubre de 2013 a 51 personas, entre ellas Roca, el principal acusado y presunto cerebro de la trama, al que se le impusieron 11 años de prisión; a la exalcaldesa Marisol Yagüe, condenada a seis años de cárcel; así como a empresarios, abogados y exconcejales marbellíes.
Contra esa resolución, la mayoría de los acusados, entre ellos Roca, Yagüe y la exedil Isabel García Marcos --no así el exregidor Julián Muñoz--, así como la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía han presentado recursos de casación.
FISCAL: 18 AÑOS PARA ROCA
En el caso del ministerio fiscal, que ha sido el primeo en intervenir en la vista, ha recurrido para pedir más pena a la mayoría de los procesados que han sido condenados, tanto exconcejales como empresarios; instando, además, a una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas por la Audiencia malagueña, de forma que se eliminen.
Para Roca, el fiscal ha pedido un total de 18 años de cárcel, nueve por el delito de blanqueo, cuatro por el de cohecho y cinco por el de apropiación indebida y ha reclamado que no se tenga en cuenta el atenuante de la confesión de Roca ya que ésta fue "parcial", "inocua" e "inveraz" porque no afectó a todos hechos, porque siempre negaba en sus "pseudoreconocimientos" su propia participación y porque esas supuestas confesiones afectaban a lo que ya estaba averiguado.
Además, el fiscal, que también ha pedido que en algunos casos se aumente la cuantía de las multas, ha lamentado el "buenismo" de la sentencia al considerar que la sala malagueña "se ve obligada a compensar algunos de los destrozos que la resolución ha supuesto por la vía de otorgar al Ayuntamiento los bienes decomisados y las multas impuestas".
El representante del ministerio público ha señalado así, que, sin ánimo de perjudicar al consistorio, de la sentencia se deben eliminar las referencias a que multas y bienes se destinen a pagar la deuda del ayuntamiento ya que, debe "aplicarse la legalidad vigente".
Con ese argumento ha coincidido la Abogacía del Estado, que ha dicho que lo recaudado no puede integrarse en el Ayuntamiento de Marbella, sino devolverse al Tesoro Público.
DELITOS FISCALES CON PENAS MUY BAJAS
El abogado del Estado, cuyo recurso afecta a los delitos contra la Hacienda Pública, ha dicho que éstos reciben penas "desproporcionadamente bajas y benignas" y ha reclamado que se dicte otra sentencia o se case la misma asumiendo que la no prescripción de los delitos.
También la Junta de Andalucía ha participado en esta primera sesión de la vista oral para la revisión de la sentencia de la Audiencia Provincial y su abogado ha reiterado que los pagos de empresarios a Roca y de éste a los entonces concejales fueron para cometer no solo "actos injustos" sino "constitutivos de delito de prevaricación".
El representante de la Administración autonómica, que ha ejercido como acusación en todo el proceso judicial, solicita en su recurso el aumento de la pena para 21 de los condenados.