La representación legal de los aspirantes de la Policía Local de Málaga que pidieron que se anularan las pruebas selectivas para cubrir 94 plazas de agentes en la convocatoria de 2002 ha recurrido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaró "no ejecutable" la sentencia en la que se les daba la razón y se anulaban dichas pruebas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Málaga, concluyó que la resolución es "materialmente inejecutable en sus propios términos", puesto que ello "provocaría un sacrificio desproporcionado" para la administración y "produciría una merma considerable en la plantilla actual de la Policía Local", repercutiendo en la seguridad ciudadana.
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado que representa a los recurrentes, Francisco Hurtado, alega vulneración de varios derechos fundamentales y normas de procedimiento, para solicitar que se acuerde seguir adelante con la ejecución solicitada por esta parte, así como la imposición "de multas coercitivas a los representantes del Ayuntamiento".
En el escrito se explica que la declaración de inejecutabilidad de la sentencia por existencia de causas de imposibilidad material o legal "requiere que se formule una solicitud por parte de la administración condenada", manifestación que "ha de realizarse dentro del plazo establecido", dos meses; apuntando que en este caso ese tiempo "ha transcurrido con exceso".
Se indica que no hay una imposibilidad física o material, "sino una incomodidad o un perjuicio económico de mayores dimensiones que la simple indemnización a mis mandantes", considerando "factible" la destitución de los policías en activo "que fueron ilegalmente nombrados, como así ha de hacerse en cumplimiento de la legalidad y en favor de que la ciudadanía no llegue a tener el convencimiento de que la administración como poder público vulnera las leyes".
El recurso apunta a que se está produciendo "la expropiación de unos derechos más que la inejecutividad por imposibilidad", recordando que esta parte ya solicitó la suspensión cautelar del proceso, lo que fue "desestimado"; y apuntando que esta administración actuó "de diferente manera" en otra sentencia sobre 17 cabos de la Policía Local, que fueron "destituidos tras anular el TSJA las oposiciones" de ascenso a esa categoría.