La Autoridad Portuaria de Málaga está analizando posibles alternativas para que las obras de adecuación del Cubo, que el Ayuntamiento ha iniciado sin tener la concesión del edificio, cuenten con una autorización ocupacional provisional "que permitiera ejecutar" los trabajos "conforme a ley".
Así, tras una reunión en la que han estado presentes el director de la Autoridad Portuaria, José Moyano, y el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, la institución presidida por Paulino Plata se ha comprometido a recabar un informe jurídico de Puertos del Estado "para ver la solución más viable técnicamente y jurídicamente".
En el encuentro, en el que también ha estado representada la Abogacía del Estado, se han analizado las posibles soluciones "al problema generado" al iniciar el Consistorio las obras "sin las pertinentes autorizaciones", según han informado desde Málagaport en un comunicado.
Durante la reunión, la Autoridad Portuaria ha detallado todo el proceso que está realizando para poder otorgar la concesión administrativa conforme a la adenda firmada entre ambas instituciones el pasado mes de abril, así como un análisis de las posibles alternativas para una autorización ocupacional provisional.
En este sentido, se ha comprometido a "implicar" a Puertos del Estado en la "posible solución temporal" del problema "mientras se aprueba la concesión definitiva". De hecho, este mismo lunes se ha contactado con los servicios jurídicos de Puertos del Estado para remitirles "urgentemente" los documentos disponibles para conseguir de ellos el informe que permita conceder la autorización provisional ocupacional.
Desde el Puerto han recordado la importancia de que Málaga sea sede del Museo Pompidou francés "lo antes posible", por el interés general de la ciudad y del propio organismo portuario, "pues supondría una mejora directa de los ingresos del mismo".
Han incidido en que están "comprometidos" y tienen "el máximo interés" en la "ejecución rápida" de las obras del centro cultural situado en la esquina de los muelles 1 y 2. "La Autoridad Portuaria sólo ha pretendido, como en el caso de otras concesiones públicas o privadas, el cumplimiento de la legalidad vigente", han finalizado.