Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga defenderá en el pleno ordinario de este martes el inicio de los trámites necesarios por parte del equipo de gobierno del Partido Popular para aplicar un recargo del 50 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas desocupadas.
En esta sesión plenaria, que es continuación de la del pasado jueves, suspendida tras el fallecimiento del que fuera alcalde de Málaga desde 1979 a 1995, el socialista Pedro Aparicio, IU propondrá también al regidor, Francisco de la Torre, que inicie los trámites para reclamar al Gobierno central las fórmulas de compensación que procedan por la exención del pago del IBI a las confesiones religiosas y otros colectivos.
La junta de gobierno local de 2 de agosto de 2013 aprobó la creación de un comité de expertos en materia fiscal, integrado por profesionales de prestigio, tales como catedráticos de Economía o los presidentes de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), entre otros, con el objetivo de asesorar de forma permanente a Gestrisam.
El grupo presentó el pasado junio las conclusiones alcanzadas. En la primera ponencia, advertía de las consecuencias de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) previesen la modificación de los coeficientes de actualización de valores catastrales, contemplándose para Málaga el 0,73.
Esta actualización de los valores por coeficientes, según las conclusiones del grupo, determinaría una minoración en la base liquidable conjunta del impuesto, por lo que para mantener los niveles de ingresos previstos no se contempla otra medida que incrementar los tipos de gravamen aplicables.
Tras los efectos de la crisis económica, el IBI se ha convertido en la principal fuente de ingresos municipales, por lo que cualquier modificación afecta enormemente a la suficiencia financiera de los municipios, ha advertido el portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla.
Ante esta disyuntiva, el comité de expertos proponía varias medidas que podrían aumentar los ingresos municipales por Impuesto de Bienes Inmuebles, evitando, sin embargo, el incremento del tipo de gravamen aplicable.
"Entre las medidas propuestas, coincidiendo con lo que IU lleva reclamando hace años a través de sus enmiendas a la ordenanza del IBI, se apunta a fórmulas para penalizar las decenas de miles de viviendas vacías que hay en la ciudad, básicamente en manos de la banca y de promotoras", ha señalado Zorrilla.
De este modo, ha subrayado a Europa Press el concejal de la coalición de izquierdas, "se evitarían las consecuencias que para las arcas municipales tiene el mantenimiento de privilegios de exención del IBI a las confesiones religiosas".
La medida, a juicio de Zorrilla, no sólo serviría para aumentar la recaudación municipal en IBI desde una perspectiva de "progresividad fiscal", al afectar sobre todo a los conocidos como "superpropietarios", que poseen decenas de casas, sino que, además, contribuiría a "materializar la función social que debe tener la vivienda y que viene garantizada en el artículo 47 de la Constitución".
"Esta medida ya fue propuesta por IU el año pasado y fue vetada por el Partido Popular aludiendo al falaz argumento de que el Ayuntamiento no tenía competencia para ello", ha criticado. Por tanto, ha confiado en que "ahora que el comité de expertos ha dejado claro que este recargo está permitido legalmente, el equipo de gobierno rectifique y siga los pasos de otros ayuntamientos, como el de Córdoba, que desde hace varios años lo aplica en las viviendas desocupadas".
ACUERDO CON LAS CONFESIONES RELIGIOSAS
El portavoz de IU ha destacado la que posiblemente sea "la medida más sorprendente" que ha propuesto el comité de expertos, la destinada a evitar que recaiga sobre las arcas municipales el "privilegio" otorgado por el Gobierno central a confesiones religiosas y otros colectivos, eximiéndoles del pago de sus obligaciones fiscales.
Según las conclusiones de la ponencia del comité, "si el Gobierno central quiere otorgar unilateralmente el privilegio de no pagar el IBI a alguna entidad, es el propio Ejecutivo el que debe asumir ese coste y no el Ayuntamiento", ha trasladado Zorrilla.
Atendiendo a los informes existentes, ha dicho que "existen en la ciudad 391 inmuebles propiedad de la Iglesia católica y de otras confesiones religiosas, y a todos ellos se les aplica la exención del pago del IBI, lo que supone en torno a 1,5 millones de euros".
Ante todo esto, espera que las medidas propuestas por el comité de expertos de asuntos tributarios sirvan para "acabar por fin con el discurso del equipo de gobierno del PP, basado en la falta de herramientas para evitar la subida del IBI". "Este informe demuestra una vez más que el argumento que intenta imponer como inevitables las políticas austericidas, que hacen cargar el peso de la crisis sobre la mayoría, es falso y que hay alternativas", ha concluido.