El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrox ha dictado un auto por el que obliga a una mujer, vecina de Nerja, a devolver a su hija al padre, que tiene la guardia y custodia de la menor, y que la reclama desde el pasado 16 de agosto.
El auto ordena a la madre la ejecución "en el acto" de la sentencia de 15 de noviembre de 2016 por la que se acordaba el régimen de visitas y en la que se atribuye la guardia y custodia al padre, José Luis Franco.
Su abogado, Ramón Porras, ha explicado a Efe que tal y como estipulaba la citada sentencia, su defendido entregó a la niña, de 10 años, a su madre el pasado 1 de agosto, con la previsión de que le fuese devuelta el día 16, circunstancia que no se produjo.
Según el letrado, durante esa primera quincena de agosto, la mujer, natural de Venezuela, remitió a su expareja varios mensajes de mensajería instantánea en los que manifestaba que no iba a entregar a la niña porque quería vivir con ella.
Porras ha afirmado que esta mujer, "siguiendo el ejemplo de otros supuestos mediáticos recientes, se ha acogido al impresentable tribunal de las redes sociales, con total desprecio y faltando descaradamente a la verdad".
Ha señalado también que en sus redes sociales ha acusado a su defendido de "maltratador" y ha colgado mensajes en los que "confunde denuncias con sentencias absolutorias" de su cliente.
La mujer utiliza "un lenguaje injurioso" contra jueces y fiscales, a los que atribuye la desprotección de la menor, al tiempo que afirma que "en este país no se protegen los derechos de los menores", ha indicado Porras.
El abogado ha señalado que el padre teme que la intención de la madre sea volver con la niña a Venezuela, país del que fue retornada "con síntomas evidentes de haber sufrido agresiones sexuales y con sarna hace seis años".
Además, el letrado ha insistido en que esta mujer puede haber cambiado de domicilio para eludir la acción de la justicia y considera que después de tanto tiempo sin cumplir una sentencia podría ser culpable de los presuntos delitos de retención ilegítima y desobediencia a la autoridad judicial.
